La Xunta matiza que es un usuario de régimen ordinario y pide no asociar estos sucesos a personas en situación de emergencia social
VIGO, 5 (EUROPA PRESS)
El comité de personal de Política Social en la provincia de Pontevedra ha denunciado este martes una supuesta agresión sexual a una trabajadora del Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (CRAPD II) de Vigo, por parte de un usuario de los denominados de “emergencia social” (aunque la Xunta ha matizado que no es el caso, y que entró a la residencia por régimen ordinario), y ha exigido medidas para que este tipo de situaciones no se repita, y que pasan por adaptar espacios específicos para este tipo de usuarios, con los recursos “adecuados” y presencia de un psiquiatra.
Según ha trasladado el comité en un comunicado, la derivación de personas en situación de emergencia social, algunos con patologías psiquiátricas y problemas de adicción, a los centros de mayores y dependientes, ha generado problemas de convivencia y seguridad, al haberse realizado sin reforzar el personal y adecuar los espacios en estas residencias.
El comité ha proclamado que tanto los mayores como esas personas en situación de emergencia social merecen una atención y un trato “dignos”, pero han advertido de que no se puede prestar esa atención a ambos colectivos “al mismo tiempo, en el mismo espacio y con los mismos recursos”, por lo que han pedido “más medios” para poder llevar a cabo su trabajo.
Desde que se inició la derivación de este tipo de usuarios, han denunciado los representantes de los trabajadores, los problemas han ido en aumento, desde conflictos de convivencia, pasando incluso por robos a los residentes mayores. “Y ahora ya le toca al personal”, ha denunciado Bernardina Porral, secretaria del comité, en alusión a esa trabajadora agredida sexualmente (por un usuario que fue trasladado tras estos hechos), y ha anunciado que, al margen de lo que decida la propia afectada, el comité pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Porral ha explicado que esta situación “no se puede repetir”, y que los trabajadores del centro no pueden acudir a sus puestos “con miedo”. Por ello, desde el comité han vuelto a exigir medidas a la administración, como la adaptación de espacios específicos para esos usuarios dentro de las propias residencias, la dotación de recursos humanos, entre ellos un psiquiatra “todos los días”, y la formación adecuada de los trabajadores para atender esos casos.
ACTUACIÓN “CON TOTAL CELERIDAD” PARA “PROTEGER” A LA TRABAJADORA
Por su parte, la consellería de Política Social e Xuventude ha emitido un comunicado en respuesta a esta denuncia, en el que subraya que la Xunta “actuó con total celeridad” en cuanto tuvo conocimiento de este caso, “para proteger” a la trabajadora del CRAPD II de Vigo, que “decidió no poner denuncia ante la Guardia Civil”.
En cualquier caso, el departamento autonómico ha matizado que el supuesto agresor, que fue trasladado a otro centro residencial, entró en el CRAPD II “por régimen ordinario, y no por emergencia social”, como ha señalado el comité.
Al respecto, la consellería ha advertido de que “resulta discriminatorio asociar este suceso con este tipo de usuarios”, que “no son más que personas que acceden a una plaza residencial por encontrarse en situación de desamparo”.
Finalmente, la Xunta ha recordado que se encuentra en proceso de elaboración de un protocolo de agresiones, “tal y como fue acordado con las organizaciones sindicales con representación en el comité de empresa de Política Social”, y que se hace en colaboración con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, “se están preparando cursos de formación para el personal de los centros de Política Social, para ayudarlos y asesorarlos en la gestión de estos casos”.
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