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Crecen las rupturas matrimoniales en Galicia durante 2022 con un total de 5.117, un 1,6% más que en 2021

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España anotó, no obstante, un descenso del 2,3% el año pasado, aunque la tasa gallega de rupturas por población sigue siendo inferior a la media

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

El número de demandas de ruptura matrimonial –que engloba nulidades, separaciones y divorcios– presentadas en Galicia el año pasado creció hasta las 5.117 en total, lo que supone un aumento del 1,6% con respecto a 2021, cuando se registraron 5.034. Con todo, la tendencia gallega es la contraria a la de todo el Estado, que anotó en 2022 un descenso del 2,3%.

En proporción a la población, según cifras hechas públicas este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Galicia se contabilizaron 189,8 demandas por cada 100.000 habitantes. El dato de toda España sigue siendo superior, con 200,9 de media.

Por provincias, la de A Coruña registró el pasado ejercicio 2.172 demandas de disolución matrimonial, seguida de Pontevedra con 1.826, Lugo con 564 y Ourense con 555.

En cuanto a los divorcios, fueron la gran mayoría de las demandas de ruptura (4.924) el año pasado en Galicia. Por tipología, bajaron los divorcios consensuados –de 2.951 a 2.885, un 2,2%– y, por el contrario, se incrementaron los no consensuados –de 1.934 a 2.039, un 5,4%–.

Las separaciones legales fueron 188 y subieron tanto las consensuadas –de 113 a 129 en 2022– como las no consensuadas –de 35 a 59–. Asimismo, durante el año pasado solo se contabilizaron cinco peticiones de nulidad matrimonial.

OTROS PROCESOS

Por otro lado, en 2022 en la Comunidad gallega se iniciaron 655 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 5,3% más que en 2021. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas pasaron de 1.651 a 1.695, un 2,7% más.

De igual modo, los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales provocaron 949 demandas de modificación de medidas consensuadas, frente a las 1.141 de 2021, lo que supone un descenso del 16,8%; y 1.161 demandas de modificación de medidas no consensuadas (1.249 el año anterior), una bajada interanual del 7%.


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