Aprobada la ley que dará “seguridad jurídica” al proceso de estabilización: Conde ratifica que las plazas serán adjudicadas en 2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
El Gobierno gallego ha dado luz verde a la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que dará “seguridad jurídica” y permitirá “agilizar” el proceso para convocar más de 10.300 plazas en la Comunidad. Este paso se dará antes de que finalice 2022 y la adjudicación se resolverá a lo largo del año próximo.
Así lo ha explicado el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, tras el Consello de la Xunta, que ha presidido en sustitución del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, quien realiza su primer viaje institucional como presidente a Argentina y Uruguay.
Conde ha remarcado que esta norma permite dar garantías a los procesos de estabilización que se desarrollarán al amparo de la ley estatal para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El texto, ha esgrimido, ha sido negociado con los sindicatos en las últimas semanas y ahora se remitirá al Parlamento para completar la tramitación.
El objetivo, según ha destacado, es “agilizar y facilitar el desarrollo de los procesos de estabilización” y que todos se puedan convocar antes de que acabe el actual ejercicio. La Xunta ya había aprobado en mayo la oferta de empleo público que incluye más de 10.300 plazas para la estabilización.
El proyecto de ley aprobado permitirá, según el Ejecutivo autonómico, “salvar todos los defectos e imprecisiones que contiene” la ley estatal y convocar antes del 31 de diciembre de 2022 todos los procesos de estabilización que se desarrollarán en el marco de la misma. El proyecto contó con el voto a favor de CC.OO., UGT y CSIF en la Comisión de Personal.
DOS TIPOS DE PROCESOS: MÉRITOS Y CONCURSO-OPOSICIÓN
La ley estatal de medidas urgentes distingue dos tipos de procesos: uno de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos, en el cual se valorarán exclusivamente los méritos, y otro a través del sistema de concurso-oposición, que comporta la realización de exámenes.
El primero de los procesos se empleará para ofertar todas las plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, mientras que el segundo será de aplicación a las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente por lo menos los tres años anteriores a 31 de diciembre del año 2020.
En este marco, la Xunta ya aprobó el pasado mes de mayo los decretos de oferta de empleo de la Administración pública en los que se incluye un total de 10.338 plazas para este proceso de estabilización de empleo. De ellas, 8.703 se seleccionarán por el sistema de concurso de méritos y otras 1.635 a través de un concurso-oposición.
Con la incorporación de personal fijo en estas plazas de estabilización, más las plazas ya convocadas, la tasa de temporalidad se situará por debajo del objetivo del 8% fijado por la legislación del Estado.
PROYECTO DE LEY
El Ejecutivo autonómico considera que el proyecto de ley aprobado este jueves en la reunión del Consello da Xunta incluye diversos aspectos que “facilitarán” el desarrollo de los procesos de estabilización “con la máxima seguridad jurídica” para los empleados públicos.
Entre ellos destacan los criterios de baremo negociados con las organizaciones sindicales para los procesos o la puntuación que representará la fase de oposición en aquellos procesos que se realicen mediante el sistema de concurso-oposición.
El proyecto también recoge que solamente se valorarán los servicios prestados con vinculación temporal en la propia escala o categoría profesional objeto de la convocatoria tanto en la Xunta como en cualquier otra Administración. Además, el texto establece también que la fecha de valoración de los méritos será la fecha de publicación de las convocatorias en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Conde ha enfatizado, asimismo, que la nueva ley incluye medidas para “agilizar” la resolución de los procesos, como la posibilidad de nombrar una o varias comisiones de valoración en los procesos de concurso o la opción de aprobar bases comunes que podrán ser aplicadas en los distintos procesos.
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