La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, junto a la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia Moreno, ha presentado este jueves, en Mérida, el proyecto de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el pasado martes, y que proseguirá ahora su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura.
Se trata, ha explicado Begoña García, de un “proyecto estratégico de la Consejería”, que resume “la unión de urbanismo, medio ambiente y agricultura en la región” y de una ley “que quiere ser muy útil y muy sencilla”.
Para la consejera, se ha querido hacer “una ley de urbanismo bajo la premisa de la sencillez, en su comprensión y aplicación”, que pretende ser “un instrumento moderno, flexible y necesario para el crecimiento de Extremadura”; en suma, “una ley hecha para crecer, que permite aprovechar el extenso territorio que disponemos”. La mayor parte de la superficie regional queda disponible para su uso, “con las lógicas excepciones por ser zonas inundables o lugares de alta protección ambiental”.
Incluso en el suelo rural, el rústico, la nueva ley entiende que es compatible con el turismo, el ocio, las energías renovables, la agroindustria y la economía verde y circular. Y los ayuntamientos podrán dar directamente licencias en suelos rústicos, cumpliendo una serie de requisitos. Esta ley simplifica de manera espectacular los procedimientos hasta el punto de que hay cuestiones que antes requerían hasta veinte trámites y ahora podrán resolverse con uno o dos.
Por primera vez en España, una ley del suelo contempla la perspectiva de género y de la infancia y una experta en género, Inés Sáez de Madariaga, será la responsable de elaborar las normas técnicas para la incorporación de esta perspectiva. Todo ello, según Begoña García, con un criterio político claro, que es “la visibilización de las mujeres en el planeamiento de nuestros pueblos y ciudades”.
Este proyecto de ley consta de una exposición de motivos, 191 artículos agrupados en un título preliminar, siete títulos, seis disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Entre los principios generales que se contemplan en este nuevo texto normativo están la participación ciudadana, el urbanismo inclusivo y sostenible, la economía verde y circular, la simplificación, la armonía con los procedimientos ambientales, la coordinación de las administraciones, la autonomía municipal, la transparencia o la tramitación electrónica.
La consejera ha recordado las valoraciones positivas recogidas en los informes del Consejo Económico y Social de Extremadura y el Consejo de Estado, respectivamente, ante este anteproyecto de ley, por aspectos como el cambio de concepción en la planificación territorial y urbana, centrada en las personas, o la inclusión de la perspectiva de género.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA LEY
La consejera ha destacado la “espectacular participación” de cientos de personas en la elaboración de esta ley, desde que se comenzó a trabajar en ella, en enero de 2016. Según ha informado la consejera, se han realizado 55 encuestas técnicas online cumplimentadas, 211 formularios de encuestas participativas municipales (de alcaldes y alcaldesas), una entrevista con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), 484 alegaciones o sugerencias contenidas en un total de 38 documentos recibidos, tres reuniones con la patronal y los sindicatos, varias reuniones con los grupos parlamentarios y una en el seno de la comisión permanente del Consejo Económico y Social de Extremadura.
Asimismo, se han recogido las impresiones de 33 niños y niñas del colegio Trajano, 150 niños y niñas del colegio Ciudad de Mérida, ambos de la capital regional, y de 134 participantes en las seis mesas de participación.
Antes de redactar un solo artículo se ha hablado y debatido con más de 300 municipios, con las 22 oficinas de gestión urbanística de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, con mancomunidades, con la FEMPEX, así como con agentes sociales, colegios profesionales, niños y niñas, ecologistas, el Seprona, abogados, arquitectos, agricultores o la Universidad de Extremadura.
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