La secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, María Murillo, ha asegurado este jueves, en Plasencia, que Extremadura está licitando electrónicamente el 100% de sus contratos desde el primer día tras la entrada en vigor de la ley estatal de Contratación del Sector Público.
Este aspecto convierte a Extremadura en una de las comunidades más avanzadas de toda España, ya que la contratación pública es vital para una comunidad como Extremadura porque genera riqueza y empleo.
Así lo ha afirmado en la inauguración de una jornada de trabajo con empresarios, en la sede de la Federación de Empresarios Placentina, sobre la nueva Ley de Contratación del Sector Público, en la que ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura en la labor de asesoramiento y acompañamiento del tejido empresarial.
Se trata de la quinta jornada de trabajo con empresarios que desarrolla la Junta de Extremadura en colaboración con la Confederación Extremeña de Empresarios (Creex) y las diputaciones provinciales, actividades en las que se han formado más de 200 empresarios.
La secretaria general ha explicado que empresarios y administración van de la mano en la contratación pública, ya que con el dinero público se debe mejorar la vida de la gente.
La nueva ley estatal incorpora cláusulas sociales, ambientales y de apoyo a las pymes para que se incorporen a la contratación pública, además de avanzar en transparencia y gobernanza con el objetivo de que los contratos primen la calidad frente al precio.
La licitación electrónica es otro de los aspectos novedosos de la nueva normativa, que incluso adelantó su aplicación de octubre a marzo de 2018.
La secretaria general de Hacienda y Administración Pública ha resaltado, además, que, hoy, la comisión parlamentaria de este ámbito está abordando la ley extremeña de Contratación Socialmente Responsable, que espera que obtenga la unanimidad del Parlamento extremeño la próxima semana.
Murillo ha destacado que la normativa extremeña va más allá que la nacional en el apoyo a las pymes y posibilita, entre otras cosas, que las garantías de los contratos no se cobren por anticipado o que la Junta de Extremadura pague directamente a los subcontratistas.
Por último, la secretaria general ha definido la contratación como una política de futuro que permite, por un lado, que los trabajadores tengan todos sus derechos y no vivan situaciones de precariedad y, por el otro, que las empresas cuenten con el apoyo público como generadoras de crecimiento y riqueza.
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