El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el decreto sobre la hoja de tabaco crudo que regula el reconocimiento de las organizaciones de productores, la extensión de las normas, las relaciones contractuales y la comunicación de información en el sector del tabaco crudo.
A su vez, recoge la obligatoriedad de que las transacciones de tabaco crudo en nuestro país, entre las fases de producción y primera transformación, se realicen a través de contratos por escrito entre las partes, estableciendo además el contenido mínimo de los mismos.
Este decreto establece, a fin de salvaguardar el interés general y como instrumento más adecuado para garantizar su consecución, un sistema de verificación y control de la hoja de tabaco crudo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, centralizando la gestión de dicho sistema en la dirección general competente en materia de política agraria común, órgano que tiene atribuidas las funciones en materia de trazabilidad del tabaco crudo por el Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
En materia de régimen sancionador será de aplicación la normativa referenciada por un real decreto y así, las infracciones cometidas contra lo dispuesto en este decreto serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y, en su caso, en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, así como el resto de normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación.
Con objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica, de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas y, en virtud del principio de proporcionalidad, este decreto contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad para cubrir, tras haberse constatado que no existen otras medidas que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
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