El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de este martes, el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y ha acordado su remisión a la Asamblea de Extremadura para su aprobación como ley.
Este texto tiene por objeto recuperar la memoria histórica de las personas extremeñas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura, restituyendo, reconociendo y rehabilitando la memoria de las que fueron represaliadas en la región.
La Consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha señalado que se trata de una ley muy trabajada y participada por las asociaciones memorialísticas y que “la recuperación de la memoria histórica en la región no se hace desde el revanchismo o el rencor sino desde la búsqueda de la verdad y la justicia con los Derechos Humanos”.
Todo ello después de que Extremadura haya sido pionera, desde 2002, gracias a los planes de recuperación de memoria histórica a través de los que se han desarrollado 70 exhumaciones y la recuperación de unos 400 restos de víctimas.
Iglesias ha detallado que se trata de un documento en el que se establece la elaboración de un censo de víctimas en Extremadura, así como los procedimientos relacionados con las exhumaciones, el derecho a la localización, identificación, investigación y la sepultura digna de las personas que se encuentran desaparecidas.
Todo ello se hará, según establezca la Junta de Extremadura, a través de Planes Cuatrienales que recogerán la creación de mapas de fosas así como los acuerdos para la protección e indicación de los mismos y la retirada de los símbolos franquistas. También se creará el registro de entidades de memoria histórica y el Instituto de Memoria Histórica, entre otras actuaciones.
La consejera de Cultura ha señalado que este proyecto de ley cuenta con una memoria económica provisional de 700.000 euros.
MODELO ENERGÉTICO
El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas para el fomento de las energías renovables y para el ahorro y la eficiencia energética por importe de 8,8 millones de euros.
La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que con estas dos convocatorias de subvenciones se pretende impulsar el modelo energético basado en el aprovechamiento de las energías renovables y de la estrategia de economía verde y circular que “impregna el conjunto de la acción de gobierno de manera transversal”.
La primera de ellas, según ha informado la portavoz, es la convocatoria de ayudas para la adquisición, instalación, mejora, ampliación o adaptación de equipos, sistemas e instalaciones de energías renovables, para el período 2018-19, con una dotación económica de 6.581.646 euros, lo que supone un incremento del 48 por ciento respecto a la anterior.
Además de la convocatoria, el Ejecutivo ha aprobado hoy el decreto que regula estas subvenciones y que supone, por una parte, la simplificación de los procedimientos para solicitar las ayudas, e incrementar el número de posibles beneficiarios, especialmente comunidades de propietarios y asociaciones sin ánimo de lucro, por otro lado.
Asimismo, el plazo de vigencia de la convocatoria se eleva de 9 a 12 meses.
La segunda convocatoria de subvenciones está destinada a actuaciones de ahorro y eficiencia energética para el período 2018-2019, y contará con una dotación económica de 2.305.000 euros, lo que supone un incremento de un 62 por ciento respecto a la convocatoria anterior.
Como en el caso anterior, el plazo de vigencia aumenta también de 9 a 12 meses.
AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, la consejera de Cultura e Igualdad ha destacado la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la convocatoria, correspondiente al 2018, de las ayudas previstas en el Decreto 97/2018, de 26 junio, por el que se establecen las ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, con un importe de 349.653 euros.
Iglesias ha subrayado la importancia de que esta nueva convocatoria no establezca ningún requisito más allá de la consideración de víctima de violencia de género así como que no conlleven solo una aportación económica sino el establecimiento de un proceso de recuperación de la víctima.
De esta forma se subvencionarán los gastos derivados del acceso a los recursos de atención integral a las víctimas de violencia de género como el coste del desplazamiento para acceder a los servicios de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género; gastos extraordinarios de atención especializada vinculados a la situación de violencia de género y los derivados de los servicios sanitarios no cubiertos por el sistema público de salud.
También se sufragarán gastos que faciliten la autonomía personal como los causados por alquiler o préstamo hipotecario, consumo de agua, luz y/o gas de la vivienda habitual; el acondicionamiento o equipamiento básico de la vivienda; los Servicios de Conciliación y los derivados de la capacitación profesional, entre otros.
Con estas medidas se complementa a los 19 puntos de atención psicológica que funcionan en la región y que el pasado año prestaron 1.500 atenciones y las 36 Oficinas de Igualdad que prestaron cerca de 6.000 atenciones.
PLAN DE EMPLEO SOCIAL
En el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, según ha informado Isabel Gil Rosiña, el Ejecutivo ha autorizado la firma de las adendas a los convenios con las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para la financiación del Plan de Empleo Social en el ejercicio de 2019.
De esta ampliación se derivarán, cuando se apruebe la correspondiente convocatoria del Plan de Empleo Social, obligaciones económicas para los firmantes consistentes en la aportación por parte de cada institución provincial de 6 millones euros, mientras que el SEXPE aportará un total de 12 millones de euros, 6 por cada una de las adendas.
El Plan de Empleo Social nació en 2015 como iniciativa del Gobierno extremeño, en colaboración con las diputaciones provinciales y los agentes sociales y económicos de la región, para afrontar una difícil situación económica y de desempleo.
En este sentido, la portavoz de la Junta de Extremadura ha destacado el hecho de que en los últimos 3 años se hayan beneficiado de estos planes un total de 11.840 ciudadanos y que la tasa de personas desempleadas que no perciben ningún tipo de prestación se haya reducido en un 15 por ciento.
La portavoz ha recordado también otras medidas encaminadas a favorecer a personas desempleadas como el Plan de Empleo de Experiencia, que ya está en marcha y cuenta con una dotación de 35 millones de euros.
También en el apartado de la Consejería de Educación y Empleo, el Ejecutivo ha aprobado la modificación del decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mediante esta modificación se lleva a efecto lo establecido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias nº 458/2018, de 20 de marzo de 2018, y nº 472/2018, de 21 de marzo de 2018, sobre la oferta de la Religión en el sistema educativo y la determinación de su carga lectiva por parte de la Administración autonómica.
En este sentido, la portavoz ha señalado que la asignatura de Religión se volverá a ofertar en segundo curso de Bachillerato y, en lo demás, la oferta de esta asignatura quedará en los mismos términos que en el curso escolar 2016/17.
AMPLIACIÓN DEL TAJO INTERNACIONAL
En el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el Ejecutivo un decreto por el que se modifica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Tajo Internacional.
Los cambios acontecidos en el ámbito normativo de protección desde la declaración como Parque Natural del Tajo Internacional y un mejor conocimiento de los valores naturales y de los procesos ecológicos que intervienen en el territorio aconsejan una modificación de los límites de este Espacio Natural Protegido, incorporando áreas colindantes con los límites actuales del Parque Natural.
En concreto, se trata de un área de 3.514 hectáreas situadas al norte del río Tajo y al este del río Erjas, que incorpora terrenos pertenecientes a los términos municipales de Alcántara y Piedras Albas.
Con esta modificación, el Parque Natural del Tajo Internacional alcanza una superficie total de 28.602 hectáreas, aunando áreas que resultan vitales para la pervivencia de elementos prioritarios para la conservación de la biodiversidad y con elementos geológicos de especial singularidad.
Además, el Ejecutivo ha autorizado la firma de cuatro convenios de colaboración con la Universidad de Extremadura que cuentan con una dotación económica global de 716.000 euros;
Estos convenios tienen como finalidad la investigación y el seguimiento de la Red Geodésica Extremeña de Estaciones Permanentes; la gestión de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica ambiental; la protección radiológica ambiental; y la gestión de datos e informes de la Red de Calidad Atmosférica.
PRECIOS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
En el ámbito de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el Ejecutivo ha aprobado el decreto por el que se fijan los precios públicos de las enseñanzas para la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura para el curso académico 2018-2019.
En este sentido, la Junta de Extremadura ha decidido no incrementar los precios públicos a satisfacer por el alumnado, además de mantener el fraccionamiento en hasta 10 plazos del pago de las matrículas.
Por otra parte, se establece la posibilidad de devolución de las cuantías abonadas por matrícula cuando, antes del 15 de octubre, el alumno solicite justificadamente su anulación, no suponiendo esta opción cómputo en el número de matrículas realizadas ni de convocatorias agotadas.
También constituye una novedad el hecho de que se contemplen determinados beneficios en el pago de las matrículas no sólo al alumnado en situaciones económicas y/o sociales específicas reguladas en anteriores decretos (familias numerosas, estudiantes con discapacidad, víctimas de terrorismo, etcétera), sino que, también, para el curso 2018/19 y sucesivos, se incluya a las personas que tienen reconocida la situación de refugiadas u ostenten derecho a la protección de conformidad con la legislación aplicable al respecto.
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