El ministro inaugura en Cáceres el XVIII Encuentro Estatal de Participación
CÁCERES, 2 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la mejor manera de proteger las democracias europeas, además de defender las fronteras de los territorios, es reforzar un modelo social que proteja a las cientos de millones de personas que viven en exclusión social, porque “la principal amenaza que tienen las democracias europeas es la que representan quienes buscan debilitar el estado del bienestar”.
Bustinduy ha abogado por mejorar el modelo social porque “la principal amenaza a la seguridad de las democracias europeas es la pobreza y la desigualdad”. “Es la amenaza número uno por encima de todas las demás”, ha subrayado en su intervención este miércoles en Cáceres donde ha inaugurado el XVIII Encuentro Estatal de Participación que se celebra bajo el lema ‘Los servicios sociales que necesitamos: reformas y propuestas’.
“Lo que ha estabilizado las sociedades europeas, lo que ha permitido que hayamos vivido décadas en paz, lo que ha permitido la mejora de las condiciones de vida con todos los déficits y las desigualdades que hay, ha sido precisamente la adopción de un modelo de estado del bienestar, que es lo que ha permitido que estas sociedades se cohesionen, se vertebren, se proyecten hacia adelante”, ha asegurado el ministro.
Por ello, ante el debate de la necesidad de aumentar la seguridad y el gasto en defensa en Europa, y la posibilidad de que la compra de armas suponga un recorte en el gasto social, el ministro asegura que esto es “profundamente peligroso” porque “Europa necesita más cohesión social, más estado del bienestar, no menos” porque, según ha dicho, “es intolerable” el nivel de pobreza de los países europeos.
Así, ha insistido en que “la única manera de construir una Europa segura y autónoma es avanzar en una agenda social ambiciosa, es redistribuir la riqueza, es garantizar unas condiciones mínimas de bienestar y de dignidad de manera universal a toda su población”, y hacer frente a los que “amparan el racismo, el machismo, la aporofobia”.
Para conseguir esto se necesita el “empuje” de la sociedad civil porque “ningún derecho, ninguna mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras se ha dado nunca porque sí”.
En esta línea, Bustinduy ha valorado el XVIII Encuentro Estatal de Participación organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), junto a su red territorial EAPN Extremadura, que reúne a unas 150 personas de todo el país en el que se abordarán las barreras que actualmente dificultan el acceso y la efectividad de los servicios sociales, así como estrategias para reforzar su carácter universal, accesible y transformador.
Y para reforzar esos servicios sociales, el ministro ha abogado por que en el nuevo modelo de financiación que se plantea en España “figuren en primera página de esa conversación” porque “es evidente que la política social en general en España ha sufrido una serie de déficits que se traducen en una deuda de los poderes públicos” con carencias que “sin inaceptables” y ahora la cuestión es ser capaces de “garantizar condiciones de protección, de bienestar, de seguridad social a unas sociedades que están en profunda transformación, en un momento muy incierto y con una serie de amenazas graves”.
El ministro también se ha referido a los índices de pobreza infantil de España que son “inaceptables”, por lo que ha abogado por “una prestación universal por crianza en España para todas las familias con hijos e hijas a cargo hasta los 18 años de edad”, que, según ha dicho, “sería la manera más eficaz de paliar el problema de pobreza infantil pero también de redistribuir tiempo para conciliar la vida laboral y familiar.
“Es una obligación también y una tarea compartida por todos que seamos capaces de impulsar, de seguir impulsando ese cambio social y cultural para que prioricemos y valoricemos el trabajo que es realmente importante para nuestras sociedades. El trabajo social, el trabajo reproductivo, aquello que garantiza la cohesión y la viabilidad de nuestro cuerpo social”, ha concluido.
REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN EXTREMADURA
En el acto inaugural han participado también las vicepresidentas de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Esther Gutiérrez y Raquel del Puerto, que han defendido la importancia de las políticas públicas para paliar las desigualdades y avanzar en la igualdad de oportunidades.
También, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha destacado que la Junta de Extremadura trabaja para mejorar la calidad de vida de los extremeños “con medidas efectivas de carácter social, económico, fiscal, educativas, de empleo y de vivienda”, con el objetivo de garantizar derechos, igualdad y dignidad, “estés donde estés y vivas donde vivas”.
En su intervención, ha recordado que en un mundo en constante cambio, en el que las necesidades de la sociedad evolucionan, “es fundamental” que la política se adapte y responda a esos desafíos, “más cuando se trata de los servicios sociales”.
La consejera ha señalado que, en los dos últimos años, Extremadura ha logrado reducir en 4,5 puntos la tasa AROPE -indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social-, al pasar del 36,9% en 2022 al 32,4% en 2024.
En su opinión, “hemos conseguido reducir en 3 puntos” la tasa de carencia material y social severa, “que afecta a quienes peor lo pasan”, y todo ese esfuerzo, ha afirmado, conlleva una inversión real en programas que atiendan las necesidades de los más vulnerables, así como la creación de un marco legal que garantice el acceso equitativo a estos servicios.
Así, ha recalcado que en 2024 se registró en la región la tasa de paro más baja en 20 años, “con casi 7.000 personas menos desempleadas”, por lo que “Extremadura se posiciona como la segunda comunidad donde más ha descendido el desempleo”.
Y ha adelantado que ya se han iniciado los trámites para la contratación del diseño e implementación del Sistema Extremeño de Información de los Servicios Sociales e implantación de la Historia Social Única, por importe superior a los 6,6 millones de euros procedentes de los Fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliciencia (RMM).
Por su parte, la vicepresidenta de AEPN España, Bárbara Palau, ha manifestado que el encuentro servirá para compartir experiencias, analizar y debatir sobre el modelo actual de servicios sociales, identificando sus fortalezas y dificultades, proponer reformas y estrategias para mejorar la accesibilidad, la calidad y la efectividad de los servicios sociales.
“El objetivo es que el modelo asegure su capacidad de respuesta a nuestras necesidades reales” y que “se tenga en cuenta que es lo que de verdad la gente necesita”. Así, ha defendido que “los servicios sociales han de tener un enfoque preventivo y universal” porque “más allá de la emergencia deben garantizar derechos y actuar de forma anticipada frente a la pobreza”.
“Dentro de los servicios sociales se encuentra, por ejemplo, la atención a la dependencia de las personas mayores o con discapacidad, la protección familiar y el cuidado de la infancia que crece alejada de su familia, el acompañamiento en situaciones críticas como la violencia de género, por ejemplo, el sinhogarismo, las adicciones o las pérdidas de ingresos”, ha enumerado.
Para intentar acabar con estos problemas, durante estos días en Cáceres diferentes instituciones públicas y privadas debatirán sobre el camino a seguir para “paliar la pobreza y las desigualdades”, compartiendo conocimientos y experiencias. “Sabemos que la pobreza sigue afectando a más de 12,5 millones de personas en nuestro país y es nuestra responsabilidad unir esfuerzos para encontrar soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo”, ha concluido.
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