MÉRIDA, 20 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura y el gobierno de la Comunidad de Madrid, con sus presidentas a la cabeza, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, celebrarán en Mérida los próximos 24 y 25 de febrero el Encuentro de Colaboración Institucional Extremadura-Madrid, en el que se abordarán medidas de alcance social, económico y cultural en beneficio de los ciudadanos de ambas comunidades autónomas.
De este modo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se desplazará a la capital extremeña acompañada de parte del Consejo de Gobierno; concretamente de los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García; Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert; Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
Además de las reuniones entre las presidentas, por parte de la Junta de Extremadura, mantendrán encuentros con la delegación madrileña el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista; la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín.
Asimismo, durante la mañana del 24 de febrero se celebrarán reuniones telemáticas del resto de consejeros, que se sumarán a las que ya se han mantenido de forma previa para la preparación del encuentro, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Ambos Ejecutivos abordarán asuntos relacionados con atención sanitaria y dependencia; infancia y mayores, víctimas de violencia contra la mujer, educación, vivienda y transportes; emprendimiento, investigación y digitalización; modernización administrativa, emergencias; cultura, turismo y deportes; ganadería y agroindustria, entre otros.
Por su parte, el martes, además, está prevista una visita a la Central Nuclear de Almaraz, cuyo cese de operaciones preocupa a ambas Administraciones por su impacto social, económico y energético.
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