MÉRIDA, 3 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz han firmado este lunes en Mérida un convenio para evitar la exclusión financiera en un centenar de municipios extremeños. De ellos, 68 se ubican en la provincia cacereña y 35 en la pacense.
Este acuerdo, como ha expuesto la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, se enclava en el artículo 78 de la Ley de Medidas ante el reto Demográfico y Territorial de Extremadura, que fue aprobada por unanimidad, y se materializará en la instalación de oficinas, oficinas y cajeros o cajeros.
“Pero en cada provincia, con el trabajo de cada diputación, y con la idiosincrasia de cada provincia, que no es la misma”, ha subrayado García Bernal en declaraciones a los medios momentos antes de participar en la firma del convenio junto a los presidentes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Carlos Carlos y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, y ae secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica, Francesc Boya.
“Hoy firmamos los convenios con las diputaciones de Cáceres y Badajoz en la lucha contra la exclusión financiera. La Consejería de Agricultura, de los Fondos de Cohesión Territorial de Ministerio de Transición Ecológica va a invertir 1.279.000 euros con las dos diputaciones, vamos a llegar entre los tres, porque esto es un trabajo conjunto de las dos diputaciones y de la Junta de Extremadura, llegamos a 103 municipios”, ha remarcado la consejera extremeña.
De igual forma, García Bernal ha destacado que hoy es un “día importante” porque con la firma de este convenio se acompaña a las personas mayores que viven en aquellas zonas rurales más afectadas por la exclusión financiera.
“Da igual que vivan en la alquería de Las Hurdes o en los pueblos blancos de Badajoz, tienen que tener los mismos derechos que cualquier mayor de la ciudad de Mérida, Cáceres y Badajoz”, ha aseverado la responsable autonómica.
TRABAJO CONJUNTO ENTRE ADMINISTRACIONES
Por su parte, el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica, Francesc Boya, ha mostrado su satisfacción por poder asistir a la rúbrica de este acuerdo, que es una muestra, en su opinión, de cómo se debe acometer los objetivos plantados por el reto demográfico y la funcionalidad del medio rural, que tiene que ser capaz de prestar servicios esenciales a las personas que viven en él.
“Esta es una muestra de la política que estamos desarrollando conjuntamente con las comunidades autónomas. En este caso son fondos que vienen de una herramienta nueva, creada recientemente, que es el Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, que nos permite apoyar a las comunidades autónomas y ellas a su vez poder también trabajar con la administración local para generar servicios y atender a las personas, como es el caso, que se encuentran en una situación de exclusión financiera”, ha apuntado.
De la misma manera, Boya ha informado de que próximamente se celebrará una conferencia sectorial que permitirá repartir de nuevo parte de estos fondos vinculados al Fondo de Cohesión y al mismo tiempo dar un paso importante que será aportar recursos a las comunidades autónomas para, además de incorporar la inclusión financiera, permitir también apoyar las competencias digitales, sobre todo de las personas mayores y colectivos en exclusión, que es también un “reto importante”.
“Estamos en una buena línea de trabajo compartido entre las instituciones, las comunidades autónomas y las instituciones locales, en este caso las diputaciones que representan a la administración local”, ha indicado.
COORDINACIÓN Y “BUENA SINTONÍA”
Asimismo, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha valorado la coordinación y “buena sintonía” existente entre la Junta, el Gobierno de España y las diputaciones provinciales para evitar la exclusión financiera.
Carlos ha recordado que la provincia cacereña ha mostrado su defensa de una atención presencial, estableciendo tres tipos de oficina bancaria, que serían oficina tradicional, un oficina que sería exclusivamente cajero y una tercera que combinase ambos modelos anteriores.
De este modo, el presidente de la Diputación de Cáceres ha recalcado que su objetivo es luchar contra la exclusión financiera pero también luchar con la exclusión social, a favor del reto demográfico y contra la despoblación.
Además, ha señalado que la institución provincial cacereña ha atendido hasta la fecha a 65 municipios y ha añadido que la provincia cuenta con 166 municipios de menos de 1.000 habitantes, sobre los que se ha actuado en una población de unas 70.000 personas, ha dicho.
De igual forma, Carlos Carlos ha recordado que la Diputación de Cáceres mantiene abierta una convocatoria para que las entidades financieras presenten propuestas para luchar contra la exclusión financiera, momento en el que se ha referido a que hay que ser “razonable” en cuanto a los servicios a prestar.
Así, ha explicado que él, que es alcalde de Calzadilla, un municipio de 500 habitantes, no puede pedir a una entidad financiera presencialidad en el municipio cinco días a la semana y ocho horas de oficina. En el caso concreto de Calzadilla, que cuenta con oficina y cajero, la atención se presta un día a la semana una mañana completa.
ACTUACIÓN DIFERENTE SEGÚN LA PROVINCIA
En el turno de la Diputación de Badajoz, su presidente, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado el trabajo de colaboración que existe entre la Junta y las dos diputaciones provinciales, además de la sensibilidad del Gobierno de España al hablar de reto demográfico y discriminar de manera positiva el municipalismo en el ámbito más rural.
Así, ha dicho que cada provincia es diferente y que hay que actuar en función del territorio, por lo que ha explicado que, el dinero que aporta el ministerio, en la Diputación de Badajoz va a servir, fundamentalmente, a acompañar los proyectos contra la exclusión financiera puestos en marcha en 2018 y que ha permitido la instalación de 35 cajeros automáticos.
Este programa, como ha recordado Gallardo, ha permitido que desde 2018 unos 15.000 ciudadanos pacenses se beneficien de sus medidas al haber perdido en esas 35 localidades la atención presencial en las oficinas bancarias. Los cajeros automáticos instalados en la provincia de Badajoz permiten no solo obtener dinero sino también realizar ingresos y pagar recibos.
“Optamos en su día por ese modelo, que es un modelo digamos que va en la línea de lo que estamos trabajando, de la transformación digital de la provincia, y en ese sentido es un apoyo importante a ese proyecto, en el que insisto llevamos invertidos en torno a 4 millones de euros en los dos programas que se abrieron”, ha dicho.
También ha destacado el presidente de la Diputación de Badajoz que se han realizado hasta la fecha más de 71.000 operaciones y 6,1 millones de euros en movimientos bancarios desde 2018, lo que, en su opinión, muestra la capacidad de adaptación de las personas mayores a este modelo.
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