MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura ha mostrado “máximo respeto” por las diferentes opiniones que puedan formularse a favor o en contra de la instalación de un macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz), aunque recuerda que una vez registrado el proyecto la Administración pública está obligada a someterlo a los procedimientos administrativos pertinentes para “garantizar la seguridad jurídica”.
Así, como “cualquier empresa” que quiera instalarse en la comunidad, el proyecto “tiene pasar un procedimiento administrativo de todo tipo”, de tal modo que en la actualidad está sometido el expediente a información pública durante 30 días, para que los interesados puedan conocerlo y/o presentar alegaciones al mismo, según ha explicado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González.
“Ese proyecto, como cualquier otro proyecto en Extremadura, en España y en cualquier estado de derecho, en este momento está sometido a información pública, a que otros organismos y administraciones puedan presentar alegaciones”, ha espetado, al tiempo que ha añadido que “todo el mundo que quiera presentar alegaciones o conocer el proyecto ahora mismo por transparencia está abierto el plazo”, y “cualquier administración tiene que dar seguridad jurídica”.
En este sentido, a preguntas de los medios este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta, González ha argumentado que si bien a una persona le puede gustar o no un proyecto, las administraciones públicas “tienen que velar por la seguridad jurídica”, sin poder oponerse ni mostrarse a favor del mismo hasta que el procedimiento administrativo que se tiene que seguir determine un resultado final.
“Nosotros no nos podemos oponer a ningún proyecto que quiera instalarse. Nosotros lo único que podemos hacer es tramitar ese expediente y ver si cumple con la legislación vigente”, ha subrayado el portavoz de la Junta de Extremadura, quien ha insistido en que dicha administración no puede entrar en “valoraciones subjetivas”. “Somos una administración pública y tenemos que cumplir del estado de derecho que se llama seguridad jurídica”, ha añadido.
RESPETO A LAS OPINIONES
En este punto, y tras volver a mostrar “máximo respeto” a las opiniones de los ciudadanos, ha recalcado que “los responsables públicos tienen que garantizar la seguridad jurídica” de cualquier proyecto que se registre, de tal forma que hay que analizar si se cumplen o no los requisitos establecidos para poder conceder o no la licencia.
“Si el proyecto cumple, que no lo sé, porque se está valorando, las exigencias, tú le tienes que dar una licencia, porque si no se la das estás incurriendo en una prevaricación”, ha espetado González, quien ha apuntado que la Junta entiende “perfectamente” a los vecinos de Salvatierra de los Barros que puedan estar en contra del proyecto de macrovertedero en su pueblo, “pero esto va de que tenemos que garantizar la seguridad jurídica de cualquier proyecto empresarial en cualquier lugar de España”.
“Nos puede gustar más o menos, pero nosotros tenemos que cumplir la ley, porque si la administración pública no es garante de la ley, apaga y vámonos”, ha ahondado. “Nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica de cualquier inversor que quiera venir a Extremadura”, ha concluido.
- Te recomendamos -
