MÉRIDA, 19 (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha reconocido que hay “muchos interrogantes” en relación a la balsa de riego del Charco de La Maricana de Jarandilla de la Vera y que la situación es “rocambolesca y anómala”, aunque, “desde luego, no es imputable” al actual gobierno de la Junta de Extremadura. “No es imputable bajo ningún concepto”, ha dicho.
De esta forma ha respondido Bautista a la nota emitida este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en la que señala que esta balsa de riego, cuya rotura causó este pasado lunes la inundación de parte de la localidad, es de titularidad de la Junta de Extremadura, y que se encuentra en situación “irregular”.
Ante esta afirmación, el consejero extremeño se ha preguntado “cómo es posible que exista durante 30 años una balsa construida sobre dominio público hidráulico de manera ilegal o irregular”
“¿Han tenido que pasar 30 años para darnos cuenta de que esa balsa está de manera irregular o ilegal?. ¿Y han tenido que pasar 30 años habiéndose acometido visitas de, lo que sea, de inspección, de seguridad, como lo quieran llamar, a la balsa, aguas arriba, aguas abajo, a la propia balsa?”, se ha cuestionado.
De este modo, Abel Bautista ha insistido en cómo puede ser posible que haya una presa durante 30 años y la Confederación Hidrográfica del Tajo “haya ido validando todas estas cuestiones”. “Desde luego no es responsabilidad de este gobierno”, ha insistido.
“Hay un director de explotación, como digo, en una balsa ilegal y está verificado, está aprobado por la confederación hidrográfica. A mí me resulta inaudito, porque cuando un señor limpia el cauce de un arroyo en su parcela a la semana le llega la multa de confederación hidrográfica”, ha recalcado.
También, y sobre que la visita que hace la CHT a la instalación en 2022, que según ha precisado la confederación, fue de inspección y no podía ser considerada revisión de seguridad, Bautista ha apuntado que, “con independencia de los conceptos que los jurídicos tendrán que ver”, la CHT actúa como un “organismo certificador”.
Asimismo, ha señalado Bautista que, con fecha 4 de abril de 2018, tuvo entrada del plan de emergencia y se requirió al titular de la instalación la subsanación de las deficiencias identificadas. “Es decir, si en el 2018 se requirió la subsanación y Confederación gira visita, como reconoce en la propia nota, y hay un acta que da la conformidad a la seguridad de la presa, no cuadra el 2018 con el 2022”, ha apuntado.
En este sentido, ha asegurado el consejero que la Junta trabaja desde noviembre en la subsanación de las observaciones puestas al plan de emergencia. “Desde el 2018 hasta el 2023 son cinco años. ¿Cinco años han tenido que pasar para que el gobierno de la Junta de Extremadura subsane las deficiencias en las observaciones planteadas por confederación y tenga que hacerlo este gobierno a meses únicamente de empezar su andadura?”, se ha preguntado.
Por ello, ha recalcado que “serán otros” los que tengan que “dar cuentas y dirimir responsabilidades, pero, desde luego, no corresponde a este gobierno de la Junta de Extremadura, al actual, corresponderá al anterior”.
“La situación es totalmente anómala. Existe esa visita de inspección en el año 2022 sin existir un informe de seguridad de un tercero como detalla la confederación en nota de prensa. Es decir, la confederación manifiesta en la nota de prensa que la visita que se hace en septiembre del año 2022 no constituye una verificación de la seguridad, utilizando un concepto indeterminado, pero no existe un informe de seguridad de un tercero. Es decir, ¿cómo firma la confederación un acta de conformidad de las normas de seguridad en la presa en septiembre del año 2022 sin existir ese informe del tercero que reclama?”, ha vuelto a preguntar.
Por ello, ha planteado que en ese acta “debería haber constado que, a pesar de haberse girado visita, es necesario que exista el informe de un tercero del cumplimiento de las normas de seguridad”. “Es decir, hay muchos interrogantes, porque la situación es rocambolesca y anómala, pero desde luego no es imputable al gobierno de la Junta de Extremadura al actual. No es imputable bajo ningún concepto”, ha defendido.
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