MÉRIDA, 25 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Extremadura para impedir la demolición del Complejo Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, ni tampoco el recurso de las dos promotoras, Marina Isla Valdecañas, S.A. y Golf Valdecañas, S.L..
La providencia del Tribunal Supremo, contra la que no se puede recurrir, señala que “las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias”, es decir, de demoler el complejo, cuando la sentencia de este mismo órgano de 9 de febrero de 2022 “expresamente declara que ‘no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole'”.
Así lo comunica Ecologistas en Acción en una nota de prensa, en la que ha mostrado su “satisfacción por este nuevo varapalo judicial” a la Junta de Extremadura y a las empresas promotoras de la “urbanización ilegal” Marina Isla de Valdecañas.
En ese sentido, la organización ecologista considera que la consecuencia de la inadmisión de los recursos de casación de la Junta de Extremadura y las promotoras “debería ser el inicio de los trabajos de demolición”.
Por tanto, Ecologistas en Acción señala que ahora “paso lógico” sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a la “demolición inmediata de la urbanización ilegal”, y así lo va a reclamar la organización ecologista.
Añade que los trabajos en la parte no concluida de la urbanización “deberían empezar de forma inmediata”, mientras que en la parte ya completamente urbanizada el Tribunal Supremo dictaminó también su demolición, aunque el Constitucional admitió a trámite un recurso que aún está pendiente de resolver, explica.
Finalmente, la organización ecologista reclama a la Junta de Extremadura que pida disculpas por “su nefasta y cuasiprevaricadora gestión de este asunto, que recientemente ha llegado a promover una ley para sortear el cumplimiento de estas sentencias”.
También reclama que se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.
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