MÉRIDA, 13 (EUROPA PRESS)
La situación del regadío de Tierra de Barros, los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 o la mina de litio de Cáceres serán algunos de los asuntos que centren el pleno de la Asamblea de Extremadura de este miércoles, 15 de enero.
El primer pleno de 2025 comenzará a las 09,30 horas con las preguntas de los grupos los miembros del Consejo de Gobierno. En concreto, Unidas por Extremadura preguntará por cuáles son las razones por las que la Junta ha solicitado más documentación a la empresa que promueve la mina de litio de Cáceres, mientras que Vox formulará dos preguntas sobre los PGEx.
Así, interpelará al Ejecutivo extremeño por cómo plantea la recta final de la tramitación parlamentaria de los presupuestos autonómicos y por si es un problema para la Junta negociar las cuentas con el PSOE, cuyo secretario general, Miguel Ángel Gallardo, está “investigado por prevaricación, tráfico de influencias y malversación”.
Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista preguntará por si considera la Junta que está capacitada para finalizar “en tiempo y forma” todas las obras en entornos residenciales relativas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así como por en qué beneficia al alumnado extremeño cambiar el Auxiliar Técnico Educativo en enero y por la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región.
COMPARECENCIA SOBRE EL REGADÍO DE TIERRA DE BARROS
Por su parte, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, comparecerá, a petición propia, para informar ante el pleno de la Asamblea sobre la situación actual del proyecto de regadío de Tierra de Barros.
Además, el Grupo Parlamentario Socialista defenderá una moción subsiguiente a interpelación en la que instará a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de transporte sanitario terrestre.
Finalmente, el último punto del orden del día está compuesto por dos propuestas de impulso formuladas por Unidas por Extremadura y por el Grupo Parlamentario Socialista.
De este modo, Unidas por Extremadura instará a la Junta a promover la modificación de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura para introducir un apartado que establezca la prohibición de contratar cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios que hayan sido condenados en sentencia firme “de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio”.
Asimismo, en el turno de los socialistas, a través de su iniciativa, éstos instarán al Ejecutivo extremeño a concertar un Plan de Ordenación de los recursos humanos en el seno de la Administración General de la Junta de Extremadura.
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