MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Política Municipal del PSOE de Extremadura, que se constituye esta tarde en Mérida, solicita a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que haga un “esfuerzo” por pedirle a su partido (el PP) que apruebe la regla de gasto, así como que se alcance un “acuerdo” sobre el techo de déficit, para evitar que –de no salir adelante estas cuestiones a nivel nacional– la comunidad pierda 111 millones de euros.
Así, el presidente del citado consejo, Antonio Rodríguez Osuna, ha reconocido que “preocupa muchísimo” al PSOE de Extremadura la necesidad de la aprobación del techo de gasto, así como la financiación local, y ha reclamado a la Administración autonómica que asuma sus “responsabilidades” y no se limite a “mirar hacia Madrid”, sino que “mire más a los ayuntamientos, que necesitan la ayuda de la Junta”.
“Durante estos días hemos escuchado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, preocuparse mucho absolutamente por lo que está pasando con la financiación autonómica en el país, pero no dice nada de lo que nos afecta a los municipios, a los ayuntamientos, que están teniendo un grave perjuicio, y que pueden tenerlo con la pérdida de casi 111 millones de euros en Extremadura si no se aprueba la regla de gasto y el techo de déficit”, ha espetado en declaraciones a los medios antes de la reunión del Consejo, cuya vicepresidenta será la alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina.
“Hay que coincidir básicamente y fundamentalmente en la regla de gasto y en el techo de déficit que permitirá por ejemplo al Ayuntamiento de Mérida poder ingresar 3,8 millones de euros más”, ha sentenciado Rodríguez Osuna, quien ha explicado que el Consejo de Política Municipal del PSOE extremeño tratará de canalizar las necesidades de los ayuntamientos que están pasando “dificultades”, y defenderá que es la Junta la que tiene que “atender” a los consistorios.
Tras recordar también que el PSOE es el partido que gobierna en más ayuntamientos de la región, ha añadido que el Consejo de Política Municipal lo constituye la formación para empezar a debatir de los “temas importantes que se necesitan” en la comunidad, que afectan a los ayuntamientos, y que “a veces quedan de lado por otras valoraciones políticas que se realizan a diario”.
Estas peticiones ante las necesidades de los ayuntamientos, según ha explicado el presidente del órgano, serán canalizadas, por ejemplo, a través de la Fempex, así como de la FEMP, donde Rodríguez Osuna forma parte de la Comisión Ejecutiva Nacional.
“Las competencias son de quien son y hay que ejecutarlas… Y por tanto, nosotros hoy aquí y el resto de días en este Consejo que se constituye hoy vamos a hablar de eso: qué necesitamos los ayuntamientos y cómo la Junta de Extremadura nos puede ayudar… Básicamente hay que mirar menos a Madrid y hay que mirar más a la región, y hay que mirar más a los ayuntamientos que necesitamos la ayuda de la Junta de Extremadura”, ha apuntado.
POLÍTICA EDUCATIVA
Al mismo tiempo, en su reunión de este jueves en Mérida el Consejo de Política Municipal del PSOE extremeño abordará también la situación de la política educativa de la Junta, a la que pide que no haga “dejación de sus funciones”.
Lo plantea teniendo en cuenta que, después de “eliminar” los comedores gratuitos en la comunidad, “lo que ahora subyace de las intenciones que tiene el Gobierno de María Guardiola es que todo el arreglo de los centros educativos sea cofinanciado en un 80 por ciento por parte de la Junta y en un 20 por ciento por parte de los ayuntamientos”.
“Esto significa básicamente que la competencia que tiene la Junta que es exclusiva suya, que es el mantenimiento de las infraestructuras básicas de los edificios educativos se las traslada a los ayuntamientos, que no tienen ni competencia ni capacidad”, ha advertido Rodríguez Osuna.
Al respecto, ha recordado que solamente los ayuntamientos de Mérida, Badajoz y Cáceres “posiblemente” tienen un servicio técnico jurídico de contrataciones o de intervención para hacer ese tipo de licitaciones.
“La Junta de Extremadura no puede hacer dejación de funciones, ellos no son una asesoría, no son una gestoría, no se dedican única y exclusivamente como una entidad financiera a transferir fondos a los ayuntamientos… Tienen que licitar, tienen que ejecutar y tienen que programar”, ha defendido.
Así, ha considerado que “este intento de los 30 millones de euros que van a poner en liza (la Junta) en los próximos días para que los ayuntamientos presenten solicitudes para modernizar sus centros educativos” supone “un error”, ya que debe ser la Administración autonómica quién diseñe un plan de educativo regional y “quién en función de las prioridades y de las necesidades establezca cuáles son los primeros centros educativos que hay que arreglar”.
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