A pesar del efecto amortiguador del “escudo social”, la crisis se ceba con las mujeres y amplía la brecha de género a su máximo histórico
MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS)
Un total de 409.567 personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en Extremadura en 2021, el 38,7 por ciento de la población de la comunidad, que presenta la tasa más alta de todo el país junto a Andalucía.
Son 5.748 extremeños más que en el anterior estudio, correspondiente a 2020, según el XII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021’, elaborado por La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura (EAPN Extremadura), que recoge un análisis de la evolución del indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion).
Un indicador que es en Extremadura casi once puntos superior a la media nacional, que se situó en el 27,8% de la población del país, es decir, el equivalente a un 28,2 por ciento más. En el otro extremo se encuentran Navarra y País Vasco, con el 14,7 % y el 16 %, respectivamente.
Pese al incremento del indicador en el último año, aún se mantiene por debajo del valor máximo, alcanzado en el año 2018, con cuando alcanzaba al 44% de la población, es decir, a 484.983 extremeños.
MÁS MUJERES Y MENOS HOMBRES EN RIESGO
Asimismo, el informe pone de manifiesto que el incremento se debe fundamentalmente al aumento de la tasa femenina hasta al 42,1%, es decir, 2,8 puntos más que hace un año, lo que supone la incorporación de 28.000 mujeres a la tasa AROPE.
La tasa masculina, por el contrario, han descendido en 1,4 puntos, lo que supone 10.000 varones menos, situándose la tasa en el 35,2 por ciento, con lo que la brecha de género se eleva a los 6,8 puntos porcentuales, la mayor registrada de la serie histórica.
También hay diferencias según el habitat, de modo que la Tasa AROPE de las personas que habitan en zonas rurales es del 46,4%, 5,4 puntos porcentuales y un 13,1% superior a la registrada el año anterior, mientras que el incremento en las zonas urbanas ha sido similar y su tasa alcanza al 34,1%.
La presentación del informe ha tenido lugar este lunes en Mérida, con la presencia de Mehrad Alizadeh, presidente de EAPN Extremadura y, Mariano Enrique Olivera, director de la Asociación YMCA de Extremadura, y Gema Gallego Escudero, delegada de la Fundación Radio ECCA de Extremadura.
También han asistido, entre otros, el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, o la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón, así como representantes de agentes sociales y entidades del tercer sector.
Tal y como ha explicado Enrique a los medios de comunicación, este informe viene marcado por el cambio metodológico del indicador AROPE, que se modificó en 2021 de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Europa 2030.
La tasa AROPE, con la nueva metodología, se define como población en riesgo de pobreza o exclusión social a aquellas personas que se encuentran al menos en una de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, privación material y social severa, o baja intensidad en el empleo.
En este caso, en Extremadura se alcanza un 32,3% de pobreza, un 7,6% de personas privadas material y socialmente, y un 13,6% con una baja intensidad en el empleo.
El informe dedica especial atención a un grupo con características especiales, como es el de los pensionistas. En Extremadura, de las 232.289 pensiones que se reciben, 93.877, es decir, el 40,4%, tienen un importe inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Así, el umbral de pobreza se sitúa en el año 2021 en 681 euros al mes.
LA VIVIENDA, UN QUEBRADERO
Otra cuestión “estructural” en la generación de pobreza es la situación con respecto a la vivienda. En el año 2021, para el 16,6% de las personas en riesgo de pobreza de Extremadura los gastos relacionados con la vivienda representan más del 40% de su renta disponible, mientras que para el total de la población solo es del 5,6 por ciento.
La vivienda y los suministros básicos se han convertido en un quebradero de cabeza para los hogares en situación más vulnerable. Así, el 16,6% de las personas en situación de pobreza refiere gastar más del 40% de su renta en la vivienda.
Además, el 17,6% de la población no puede mantener la vivienda a la temperatura adecuada, más de tres puntos por encima de la media nacional. Son cuatro puntos más que en el año anterior (13,7%), y cifra muy similar a los datos recogidos en 2018.
Por otro lado, el 49,3 % de la población manifiesta tener dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone 6,1 puntos porcentuales menos respecto a 2020. Con este dato se consolida el descenso progresivo que se viene produciendo desde el 2014.
La disminución de las personas con dificultades para llegar a fin de mes se debe en especial a la reducción de aquellas que señalan tener muchas dificultades, que se reducen 4,7 puntos porcentuales con respecto al año pasado.
POBREZA SEVERA
El informe pone número a las personas en situación de pobreza severa, que mide el grado más intenso de esa situación y se define como aquellas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40 por ciento de la mediana de renta nacional.
Esta cifra es notablemente inferior al umbral utilizado para definir el riesgo de pobreza y, por tanto, el indicador agrupa a personas que están en una situación límite.
En este sentido, para 2021, el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa es de 6.355 euros al año, es decir, 530 euros mensuales por unidad de consumo. En el año 2021 la tasa de pobreza severa en Extremadura es del 12,5 %, cifra que es la tercera más alta de todas las regiones, solo inferior a Canarias y Andalucía.
En términos absolutos, la pobreza severa en la región alcanza a unas 132.000 personas. Esta cifra supone un ligero deterioro (7 décimas) con respecto a los datos del año pasado, lo que aumentó la población de personas en pobreza severa en 7.000 personas.
ESCUDO SOCIAL
El informe también evidencia que los datos podrían ser peores de no ser, ha reconocido el director de YMCA Extremadura, por las políticas emprendidas por las administraciones públicas.
En concreto, Enrique se ha referido al “escudo social” puesto en marcha por el Gobierno, que ha contenido el aumento de los índices de pobreza en la región. En esta línea, ha señalado que este es el primer informe con datos oficiales desde el inicio de la pandemia, cuyo impacto se esperaba que fuera mayor, y que, ha insistido, se lo ha hecho en menor medida ha sido “probablemente” por el citado “escudo social”
De esta informe saldrán un serie de conclusiones que deberán tener en cuenta entidades del tercer sector, los agentes sociales y responsables políticos para plantear “políticas redistributivas” de la riqueza entre la población.
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