MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto por el que se desarrolla la ley de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura y que garantiza la estabilidad de las entidades que los presta.
Dicha norma será de aplicación a los conciertos que realicen la Administración General de la comunidad, sus organismos autónomos o las entidades públicas sujetas al derecho administrativo.
En este nuevo decreto se definen conceptos específicos del concierto social y se establece el régimen jurídico de la concertación, regulando los procedimientos de convocatoria y de adjudicación directa, así como los efectos, cumplimientos y extinción.
Su filosofía es la de convertir en conciertos las subvenciones sociales, sanitarias y sociosanitarias que se otorgan a las organizaciones del tercer sector de acción social, al considerar que las subvenciones no son el “modelo idóneo” para garantizar derechos, como ha recalcado el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Así, se acuerdo con lo establecido en el decreto, la competencia para convocar conciertos, formalizarlos, acordar su resolución y, en general, para adoptar cuantos actos sean necesarios en materia de concertación corresponderá a la persona titular de la consejería competente por razón de la materia o a la persona titular del organismo autónomo o entidad pública concertante, que podrán delegar dichas competencias.
Los conciertos sociales se tramitarán mediante el procedimiento de convocatoria pública y concurrencia, si bien, excepcionalmente y cuando sea preciso garantizar la continuidad asistencial de las personas usuarias, podrán adjudicarse directamente conciertos sociales en los términos establecidos en el propio decreto.
HASTA DOCE AÑOS
González ha informado también de que este decreto va a permitir que las entidades puedan estar hasta doce años con el concierto sin obligación de renovarlo, lo que hará posible que organizaciones del tercer sector gocen de una mayor estabilidad.
“Lo que queremos con este decreto ley es garantizar la estabilidad de esas organizaciones, garantizar la estabilidad de esos trabajadores que están en las organizaciones y, fundamentalmente, prestar un mejor servicio”, ha asegurado.
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