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Extremadura y Madrid piden un sistema de financiación nuevo que regrese “a la senda de la lealtad institucional”

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MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)

Los gobiernos de Extremadura y Madrid ha abogado este lunes por acordar un nuevo sistema de financiación autonómica entre todas las Comunidades Autónomas de régimen común en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que vuelva “a la senda del respeto constitucional y de la lealtad institucional” entre las administraciones del Estado.

Por este motivo, ambas regiones abogan por “paralizar y renunciar ante cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo, dotando de seguridad jurídica la protección del régimen común.

Así se recoge en el Protocolo General de Actuación entre los gobiernos de Extremadura y Madrid, que este lunes han firmado sus presidentas, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, en un acto celebrado en Mérida.

En el apartado de financiación autonómica, ambas comunidades autónomas acuerdan “exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común salga del mismo ni se trocee la Agencia Tributaria”, así como “amparar el respeto a la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas.

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MERCADO ABIERTO

Por otra parte, y en materia de mercado abierto, ambas Administraciones manifiestan su voluntad de hacer “todos los esfuerzos necesarios tendentes a un mercado abierto”, de forma que se reconozca la “plena capacidad de cualquier operador económico” que esté legalmente establecido en cualquier lugar de ambas regiones “para poder ejercer su actividad económica en ellas, mediante establecimiento físico o sin él”.

Para ello, será necesario que cumpla los requisitos de acceso y ejercicio de la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisito alguno en dicho lugar, señala este protocolo, recogido por Europa Press.

En materia de financiación empresarial, el documento firmado por Guardiola y Ayuso considera “oportuno promover la colaboración” entre ambas comunidades para “favorecer la financiación de las pymes y emprendedores con intereses comunes en ambas regiones”, y acuerdan colaobrar “con el objetivo de aprovechar objetivos y recursos compartidos para fortalecer el tejido empresarial” de ambas.

Respecto a la internacionalización empresarial, Extremadura y Madrid muestran su “interés en colaborar” en una serie de líneas de actuación, entre las que figuran las de compartir experiencias y acciones económicas en el exterior en mercados prioritarios para ambas regiones, intercambiar información de políticas públicas centradas en la atracción de inversión y las cadenas de valor industriales, o sobre “buenas prácticas y actuaciones en el impulso a la internacionalización de las empresas de ambas regiones, centradas especialmente en las pymes y los trabajadores autónomos”.

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También abogan por promover actividades formativas en materia de internacionalización, “compartiendo experiencias y conocimiento, y se ampliarán las redes de contacto, fomentando la participación de empresas en terceros países”, según recoge este protocolo.

Un documento que también en materia de apoyo al emprendimiento por cuenta propia, aboga por “promover la coordinación y puesta en común de buenas prácticas en materia de incentivos, así como en eliminación de trabas y mejoras para apoyar el emprendimiento”, así como por impulsar la creación de redes de colaboración de emprendedores y empresas para facilitar la cooperación interregional.

GESTIÓN DE INGRESOS

Por su parte, en materia tributaria, los gobiernos extremeño y madrileño trabajarán para “promover la colaboración y la puesta en común de experiencias, conocimientos y procedimientos en la gestión de los ingresos tributarios en el ámbito de la Hacienda Pública autonómica”.

Finalmente, y en materia de empleo, ambas regiones acuerdan promover el establecimiento de instrumentos de colaboración con el objetivo de “facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales en ambas Comunidades, contribuyendo a la reducción del desempleo y la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores.

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Para ello, prevén compartir buenas prácticas entre los servicios públicos de empleo en materia de formación y empleo, o fomentar acciones conjuntas sobre intermediación laboral.


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