Mediavilla asegura que los casos denunciados por la oposición “no suponen ningún tipo de ilegalidad ni irregularidad”
BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)
El responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, cree que Euskadi tiene recursos “suficientes” para el control de la actividad de los cargos públicos y ha pedido a EH Bildu y a Elkarrekin Podemos-IU que abandonen “la demagogia gratuita”, después de que hayan arremetido contra la Comisión Ética del Gobierno Vasco por autorizar el acceso al sector privado de cuatro ex cargos de la administración.
Mediavilla se ha referido, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, a las críticas que ha recibido por parte de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU la Comisión Ética después de que haya autorizado que cuatro ex altos cargos ficharan por empresas privadas sin que hubieran transcurrido los dos años que establece la Ley en Euskadi para incorporarse al sector privado tras abandonar la Administración, acogiéndose a las excepciones que establece la norma.
Ambos grupos parlamentarios han denunciado “las puertas giratorias” y EH Bildu ha llegado a pedir la disolución de la Comisión de Ética Pública para que, en su lugar, se cree un nuevo órgano compuesto por personas independientes para “prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares, garantizando siempre el anonimato de las personas denunciantes”.
El dirigente del PNV ha reprochado que “aquí se hable de ‘puertas giratorias’ con una alegría que está fuera de lugar”. Además, ha asegurado que los casos denunciados por la oposición “no suponen ningún tipo de ilegalidad ni irregularidad”.
Koldo Mediavilla ha señalado que, al margen de esto, habría que hacer una reflexión “por parte de todos”. “Yo estoy en la Ejecutiva de un partido con responsabilidad de gobierno y, cada día que pasa, encontramos mayores problemas para que los mejores en el ámbito profesional puedan asumir responsabilidades políticas porque se dan circunstancias muy complicadas”, ha indicado.
En primer lugar, ha explicado que en la Administración Pública “muchas veces se cobra menos que en la Administración privada y es muy complicado buscar gente de la privada que dé el salto a la pública”.
“Pero, además, el servicio público obliga a una cierta transparencia y a estar al albur de la crítica política diaria de los medios de comunicación y, si alguien pretende que quienes den el salto al ámbito público como un servicio a la ciudadanía, no puedan volver una vez ejercido su labor a la función privada profesional, nos vamos a encontrar con una administración y un servicio público a los que solo van a poder tener acceso funcionarios, docentes y periodistas”, ha remarcado.
A su juicio, de esta forma, “nadie de los mejores van a poder y van a querer ir” a lo público. En esta línea, ha puesto como ejemplo el caso de la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, profesora de la UPV/EHU, “que habla abiertamente de puertas giratorias como si lo que está ocurriendo fuera un ámbito de corrupción”, y ha preguntado: “¿a dónde va a ir cuando deje su acta de parlamentaria, a la universidad?”.
Por ello, ha apelado a dejar a un lado “la demagogia gratuita y el discurso que solo denosta la actividad política e imposibilita que gente de primer nivel se comprometa con el servicio público”.
En todo caso, cree que no se debe modificar la actual Ley porque “hay recursos más que suficientes de carácter ético o de control de la actividad de los cargos públicos para determinar quién puede tener una incompatibilidad o quién no”.
EL TSJPV Y EL EUSKERA
Por otra parte, Koldo Mediavilla ha afirmado que no entiende por qué la Judicatura vasca falla últimamente en contra exigencias del euskera en las OPEs.
“La normalización lingüística del país es un proyecto que cuenta con un amplio consenso a nivel de formaciones políticas y sociales. No entiendo que la Judicatura, años después, venga con interpretaciones de este tipo que, además, no obedecen a la realidad y que van en contra de un ámbito fundamental, que es el derecho de la ciudadanía a que la Administración pueda prestar sus servicios en las dos lenguas oficiales de la Comunidad”, ha remarcado.
Por ello, cree que es “inaudito” y están “fuera de lugar las interpretaciones que, una tras otra, se vienen dando de un tiempo a esta parte”. “No son acordes al consenso general que existe en el país en relación a la política lingüística”, ha añadido.
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