Este servicio incorpora a 19 inspectores para reforzar la vigilancia en la gestión de estas prestaciones
VITORIA, 18 (EUROPA PRESS)
La nueva Unidad de Control del servicio público Lanbide se ha completado este lunes con 19 inspectoras e inspectores, que suman a las funciones de control interno las derivadas de la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.
Este servicio desarrollará en 2024 su primer ‘Plan Anual de Asistencia, Inspección y Control’, que se fija 20 objetivos y 36 actuaciones, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.
La Unidad de Control ha incorporado a 14 personas, que se suman a las cinco que conformaban hasta ahora el órgano interno de auditoría de Lanbide, y al que ya le correspondía identificar y gestionar los posibles riesgos para el servicio de empleo en un correcto uso de los fondos públicos.
La nueva ley atribuye funciones añadidas a este órgano, que posibiliten facilitar a las personas perceptoras de prestaciones el correcto cumplimiento de sus obligaciones, a la vez que se apliquen las sanciones previstas cuando se cometen irregularidades de forma deliberada. Esta unidad, que tiene autonomía funcional, presta además apoyo al conjunto de direcciones y servicios de Lanbide para cumplir sus objetivos.
El refuerzo de la inspección se produce después de que a lo largo de esta legislatura se hayan ido implementando medidas de coordinación que han mejorado sustancialmente todos los procesos para mitigar riesgos de irregularidades.
En este tiempo se han multiplicado la transmisión de datos por interoperatibilidad con la práctica totalidad de administraciones públicas locales y estatales, hasta las diez millones de transmisiones en 2022, a la vez que se han incrementado las revisiones automáticas de expedientes, que alcanzaron las 200.000 en el último año completo.
FORMACIÓN Y COORDINACIÓN
Además de la actualización del convenio con la Ertzaintza, se han establecido cauces permanentes de colaboración tanto con la Fiscalía como con el resto de fuerzas de seguridad que tienen competencias en cuestiones de documentación, extranjería y empadronamientos, a la vez que se ha facilitado a quienes trabajan en Lanbide una forma de encauzar sospechas de irregularidades.
La ley y el reglamento de aplicación aprobado el pasado noviembre prevén una serie de medidas complementarias para verificar el correcto cumplimiento de todos los requisitos de acceso a estas prestaciones, así como mecanismos de apoyo a las personas demandantes para facilitar el acceso a sus derechos, que se complementan con la aprobación del plan anual, aprobado por el Consejo de Administración de Lanbide en su reunión ordinaria de diciembre.
De esta forma, la entrada en vigor del reglamento y la actuación de esta unidad reforzada de inspección coincidirán en el tiempo, desde el 1 de enero próximo. La directora de Prestaciones e Inclusión, Sara Buesa, ha confirmado la voluntad de Lanbide de “ir dando cumplimiento” a los objetivos de la ley, como garantizar la máxima cobertura a quienes lo necesiten y tengan derecho, sobre todo menores y mayores, pero asegurar también el máximo rigor en el uso de los fondos públicos.
“Quienes creemos en nuestro modelo de protección e inclusión sabemos que se prestigia no sólo cuando alcanza a quien debe alcanzar, sino cuando se gestiona con rigor”, ha indicado Buesa, que ha precisado que esta unidad y este plan se han creado “para ayudar a las personas a entender y cumplir sus obligaciones, y para una gestión garantista con las personas y rigurosa con los recursos públicos”.
PRIMER PLAN DE INSPECCIÓN
El primer plan sitúa, entre sus 20 objetivos y 36 actuaciones, un primer eje desde el ámbito asistencial, que facilite el acceso de quienes tengan más problemas, con colaboraciones específicas con entidades del tercer sector para un mejor acompañamiento y que, en su caso, si así lo quieren las personas, esas entidades puedan realizar las gestiones en su nombre.
Además, se verificará que el lenguaje de la Administración sea siempre entendible, y que se comunique cualquier modificación en sus condiciones, entre otras cuestiones. También en esta función de acompañamiento, el plan se compromete a ofrecer herramientas tecnológicas que garanticen la equidad en el acceso, y una mejor atención ante quejas y sugerencias de la ciudadanía.
Desde el punto de vista de la promoción de información y prevención de irregularidades, se impulsarán diversas vías de información directa y transparente sobre las obligaciones y sobre las consecuencias de incumplirlas, tanto de forma personalizada como con campañas cívicas de sensibilización.
Además, se mejorarán los controles de verificación de la identidad y quienes trabajan en Lanbide tendrán formación complementaria para un uso correcto de la interpretación de los datos que llegan a través de los servicios de interoperabilidad.
En la función de control e inspección se recogen 15 actuaciones de mejora del control de la documentación, de verificación de identidad, con sistemas de control automáticos a partir del contraste de datos, el seguimiento de las obligaciones vinculadas al proceso de inclusión, con especial atención al incumplimiento por abandono de cursos, rechazos de ofertas de empleo o no comparecencia a citas, entre otros.
En este sentido, el plan recoge lo dispuesto en la ley sobre la posibilidad de exigir verificaciones presenciales, así como el control bienal de todos los expedientes. En el caso de indicios presuntamente delictivos, se prevé como estrategia la práctica iniciada esta legislatura de dar traslado al Ministerio Fiscal y la colaboración con las fuerzas de seguridad.
Además, promueve la colaboración ciudadana, estableciendo un procedimiento de actuación para canalizar informaciones sobre situaciones contrarias a la Ley, articular fórmulas de verificación de la información de referencia y ofrecer la respuesta que en su caso se determine.
A su vez, se prevé también la firma de un convenio de colaboración entre Lanbide y la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social para la detección de situaciones de economía sumergida con incidencia en las prestaciones, y se establecerá una planificación de campañas de actuaciones inspectoras y de visitas a domicilios, con plenas garantías ciudadanas y a fin de verificar las situaciones de la unidad de convivencia.
Otra de las novedades del plan es el uso de ‘big data’ y la inteligencia artificial para la revisión de expedientes de acuerdo a patrones predictivos y prescriptivos.
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