
Sale adelante con los votos de PSE y PNV, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin y la oposición del PP
VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la nueva ordenanza municipal relativa a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor el próximo 15 de septiembre en todo el área del Casco Medieval y parte del Ensanche, con restricciones de tráfico en esta zona a los vehículos con etiqueta A hasta septiembre de 2027, cuando se ampliará la limitación a los coches con distintivo B.
La nueva normativa municipal ha salido adelante con los votos favorables del Gobierno municipal (PSE-PNV), la abstención de EH Bildu y Elkarrekin y la oposición del Partido Popular en el pleno celebrado este viernes en el Consistorio gasteiztarra.
La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal (PNV), ha explicado que la primera fase de la ZBE arrancará el 15 de septiembre. Desde ese momento y hasta 2027, salvo algunas excepciones, solo podrán acceder a estas zonas los vehículos con pegatinas B, C, Eco y O. Las etiquetas no tienen por qué estar visibles en las lunas de los coches, ya que el Ayuntamiento posee los datos de la DGT para ver si el vehículo cumple o no con la normativa.
La normativa municipal establece una docena de exenciones generales sin caducidad y cuatro adicionales durante el primer año en vigor (15 septiembre de 2026). En cuanto a las segundas, quienes residan en las ZBE, los gremios, repartidores y comerciantes, y quienes quieran acceder al aparcamiento del Centro Comercial Dendaraba, “tendrán de margen un año para cumplir con la etiqueta medioambiental”.
Por su parte, la exenciones generales están destinadas a personas con movilidad reducida, baja movilidad o enfermas; vehículos históricos, especiales y de servicios públicos esenciales; personas físicas que acrediten un bajo nivel de renta; vehículos a motor de profesionales cercanos a la edad de jubilación o con salida a talleres de mantenimiento o reparación; los titulares o arrendatarios de plazas de aparcamiento; accesos de urgencia; vehículos con matrícula extranjera que cumplan los requisitos ambientales y por razones de interés general.
Durante los primeros tres meses de implantación no se sancionará. Artolazabal ha explicado que “habrá un periodo de aviso de tres meses para informar a los infractores antes de sancionar” hasta el mes de diciembre. Las multas serán de 200 euros por acceso indebido y de 100 euros en el caso de abonarla por pronto pago y la zona estará controlada por 36 cámaras de lectura de matrículas.
La primera fase de la ZBE afectará a todo el Casco Medieval y a céntricas calles como San Antonio, Prado, Olaguíbel y Portal del Rey, entre otras, además de al Ensanche peatonal.
El Ayuntamiento pretende avanzar en la segunda fase de la ZBE en 2027, ejercicio en el que la medida será más restrictiva al ampliarse el área de restricción a calles como Domingo Beltrán, Coronación y Ramiro de Maeztu, entre otras. Posteriormente, en 2023, se prohibirá la entrada de vehículos al interior de esta zona también a coches con etiqueta ambiental B.
VALORA EL ACUERDO
Artolazabal ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con EH Bildu para sacar adelante un proyecto “de obligación legal” y ha valorado que sus aportaciones lo “mejora y facilita su implantación gradual”. En este sentido, ha destacado “la ampliación de un año para que las personas residentes cumplan con la exigencia de la etiqueta ambiental”.
Asimismo, ha agradecido la abstención de Elkarrekin, “a pesar de mostrar sus diferencias” y ha criticado la negativa del PP, ya que “el Gobierno no comparte su postura de esperar a que el aire esté contaminado para actuar”.
Por su parte, el concejal de Gestión Ambiental, Pascual Borja, ha agradecido “la facilitación de la aprobación”, tanto a EH Bildu como Elkarrekin, y ha recriminado “la apatía del PP” frente a un “Gobierno en minoría que ha aprobado unos presupuestos, las ordenanzas fiscales, el Plan General de Ordenación Urbana y la ZBE”.
“La implantación de la ZBE nos va a seguir ayudando a seguir siendo una ciudad en la que la calidad de vida es buena y la vamos a seguir mejorando. Enfrentamos las obligaciones que tenemos con total seriedad, buscando el mayor consenso posible, dentro de un proceso participativo y validado”, ha argumentado.
CONDICIONES
El concejal de EH Bildu Ekaitz Díaz de Garaio ha explicado las cinco condiciones de su formación para alcanzar un acuerdo. En este sentido, ha enumerado el requisito de “recuperar el compromiso de poner en marcha el Área de Prioridad Residencial (APR) en el plazo de un año, tratar las exenciones por renta igual que el resto de exenciones y ampliar la exención a residentes de uno a dos años”, entre otras.
Aún así, ha recriminado que “todo hubiera sido más sencillo si hubiera contado con EH Bildu desde el principio”, para denunciar que el Gobierno “no le informó sobre el requerimiento del Ministerio ni las alegaciones insertadas en el texto”, cuando su formación había facilitado la aprobación inicial en noviembre.
“Si hubiesen explicado la situación por la que estaba pasando este documento, seguramente hoy esta ordenanza habría recibido nuestro voto a favor”, ha manifestado.
El concejal de Elkarrekin Vitoria Óscar Fernández ha cuestionado que “el plan no se ha desarrollado de la mejor manera”, por lo que, a su juicio, “la ZBE llega tarde, se hace mal y es poco ambiciosa”, al recoger un área que “ya cuenta con restricciones actualmente” y no ampliar las restricciones en 2027 a áreas que “soportan una alta densidad de tráfico”, como las calles Francia o La Florida, entre otras.
“Tan mal lo han hecho que el Ministerio les ha tirado de las orejas sobre el etiquetado ambiental. Las normas y exenciones se han cambiado varias veces en la última semana, provocando confusión con la ordenanza. No ha quedado un proyecto claro y cualquier ciudadano está confuso con tanto cambio”, ha criticado, para demandar que “se acelere la puesta en marcha de la oficina de información ciudadana ante la confusión reinante entre la ciudadanía”.
“IMPOSICIÓN Y RESTRICCIONES”
Por último, el portavoz del PP, Iñaki García Calvo, ha censurado que “EH Bildu, una vez más, sale al rescate del Gobierno, pero castiga a residentes y a comerciantes del Casco Medieval”, con una ordenanza que “castiga al ciudadano, prohíbe e impone restricciones, por un afán recaudatorio más que ambiental”.
García Calvo se ha mostrado en contra del proyecto, al aducir que Vitoria “cuenta con una buena calidad del aire que cumple con la normativa existente y, por tanto, no tiene ningún sentido aplicar medidas igualmente restrictivas que en otras grandes ciudades de España”; así como ha denunciado que “viene a darle la puntilla al declive comercial que padece el centro” de la capital alavesa.
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