Ubarretxena dice que Euskadi carece de profesionales sin especialidad sanitaria y que no es legal incorporar profesionales sin homologación
VITORIA, 25 (EUROPA PRESS)
La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha explicado que los equipos jurídicos del Gobierno Vasco y del Ministerio de Política Territorial están trabajando “conjuntamente” para analizar la decisión del Tribunal Supremo de anular la posibilidad de que Euskadi asuma la homologación de los títulos extranjeros. El Ejecutivo no ha decidido si se presentará un recurso, que trabaja en “poder dar solución” a corto plazo a las personas cuyos expedientes han quedado paralizados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Supremo de anular el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, por el que se traspasan a Euskadi funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español.
Ubarretxena ha aclarado que “hay unos criterios que establecen el Estado para la homologación de títulos universitarios, y esos criterios son los mismos en Madrid que en Euskadi”. “El Gobierno Vasco no va a cambiar ningún tipo de criterio distinto al criterio que se usa en Madrid. Lo único que se estaba hablando es de que la ejecución la pudiéramos tener desde Euskadi”, ha subrayado.
La portavoz ha insistido en que la ejecución supone que “en base a esos criterios que marca el Estado” el Gobierno Vasco lo pueda “homologar y pueda ser mucho más rápido para atender a toda la gente que está esperando”.
“Tenemos una necesidad de profesionales, no sólo en el ámbito sanitario, también en otros ámbitos, y muchas personas van a ver frustradas sus aspiraciones”, ha advertido.
Ubarretxena ha explicado que hay “muchísimas personas extranjeras que se están dedicando ahora mismo al cuidado de las personas mayores porque tienen títulos universitarios que no los pueden homologar”. “Estamos hablando de mujeres ingenieras, abogadas, dentistas que no pueden ejercer su profesión porque no tienen ahora mismo ese título homologado en Euskadi”, ha señalado.
“BUSCAR UNA SOLUCIÓN”
Respecto al ámbito sanitario, ha recordado que el consejero de Salud ya ha insistido en que hacen falta profesionales y ha defendido que “el Departamento y el Gobierno Vasco lo que están intentando buscar es una solución para paliar esta falta de profesionales” poniendo sobre la mesa del Ministerio “diversas soluciones que a corto plazo se le han ocurrido al Gobierno Vasco para intentar solucionar esa falta de profesionales”, como su propuesta de reducir a tres años la formación de médicos de familia.
“No entendemos que se nos diga que no a todas las propuestas y que no se propongan otras, porque creemos que estamos aquí para intentar dar soluciones y para solucionar”, ha defendido antes de insistir en que quieren “ser posibilistas y poner encima de la mesa soluciones que creemos que son viables y que nos pueden generar profesionales a corto plazo y que nos van a ayudar a paliar la situación”.
Preguntada sobre la posibilidad de incorporar a la red sanitaria a profesionales sin esta homologación, ha rechazado que se pueda hacer porque “no es legal”. “En Euskadi y no tenemos profesionales sin la especialidad sanitaria y eso nunca ha estado sobre la mesa”, ha zanjado.
Sobre la posibilidad de recurrir la decisión del TS, la portavoz del Gobierno ha explicado que están manteniendo conversaciones con el Ministerio de Política Territorial. “Estamos trabajando conjuntamente los equipos jurídicos para mantener una postura conjunta y vamos a actuar en dos frentes: uno a largo plazo y otro a corto plazo”, ha informado.
Según ha explicado, a corto plazo están analizando “si hay alguna posibilidad de poder dar solución a estas personas, a estos expedientes que han quedado paralizados”, ya que “se va a crear un perjuicio serio para estas personas”. “Vamos a intentar ver si lo podemos solventar de alguna manera a corto plazo”, ha apuntado.
Además, ha señalado que, a largo plazo, están decidiendo las “acciones que pueden tomar para que esto no vuelva a pasar”. “Hay muy buena sintonía con el con el Ministerio, estamos trabajando conjuntamente, es el interés de ambos Gobiernos que esto se pueda solucionar y durante esta semana tendremos ya una decisión tomada al respecto”, ha añadido.
“CONTRADICCIÓN EN LA SENTENCIA”
En la misma rueda de prensa ha comparecido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, quien ha afirmado que en la decisión del Tribunal Supremo “hay una contradicción entre el sentido de la sentencia por un lado, y el mecanismo para la aprobación de títulos oficiales por otro”.
Según ha explicado, “normalmente, para los títulos que se implantan en las universidades, el procedimiento se inicia a instancias de las propias universidades que estiman de interés impartir determinado título”.
“Le hacen la propuesta al Gobierno Vasco, en este caso concreto al departamento que dirijo, y el departamento tiene que evaluar en primer lugar la conveniencia del título en términos de necesidad social, si va a rellenar algún hueco que exista en el panorama académico, en el panorama socioeconómico, y si llega a la conclusión de que efectivamente es un título que merece la pena implantar desde ese punto de vista, el expediente pasa a la Agencia vasca de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario, que es la que debe acreditar el cumplimiento de las condiciones académicas para la impartición del título”, ha informado.
Asimismo, ha señalado que “una vez se ha acreditado, si efectivamente supera esa acreditación, y no siempre ocurre, vuelve al Departamento y el Departamento autoriza la implantación del título”.
“Finalmente, el Ministerio es el que le otorga valor oficial pero este otorgamiento de valor oficial no deja de ser un mero trámite, porque el paso crítico, el paso definitivo, el paso que determina el futuro del título es el que da el Gobierno Vasco dependiendo de la acreditación de su Agencia de evaluación”, ha insistido.
Para el consejero, “dado que la implantación de un título depende hasta ese punto del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, no tiene sentido que la homologación de un título extranjero, cuya valoración no va a ser muy diferente de la valoración que se va a hacer de los títulos que se implantan aquí –porque tiene que corresponderse con las características académicas de los títulos que aquí se implantan– no tiene sentido que esta competencia no la pueda ejercitar ni siquiera, en términos de ejecución, el Gobierno Vasco”.
Pérez Iglesias también cree que “se derivan unas consecuencias para la capacidad de autogobierno, porque supone una erosión, una más, de nuestras capacidades políticas”.
Respecto a las cerca de 200 personas que han solicitado la homologación de los títulos, ha explicado que sus expectativas “van a quedar frustradas, al menos, si no se arbitra alguna solución intermedia, hasta que el Ministerio en Madrid llegue a homologar los títulos”. “Hay una cola que dura años. No es un procedimiento que se pueda solventar en cuestión de semanas o de meses”, ha advertido.
Además, ha resaltado que “durante el tiempo en que estos títulos no estén homologados, esas personas no los van a poder utilizar para desarrollar su actividad profesional con arreglo a ese título”.
“Hay tres elementos de daño: Por un lado, la competencia, el Estatuto, que nos reconoce competencia exclusiva en materia de Educación en todos sus niveles y grados; las personas que salen perjudicadas por esta decisión; y la sociedad vasca, que pierde la aportación profesional de estas personas, al menos hasta que puedan ver convalidado su título más adelante”, ha resumido.
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