Se opone a que la Abogacía del Estado represente a uno de los exaltos cargos de Transportes cesado
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Vox se ha adherido a la petición de la acusación popular que la asociación Liberum ejerce en el ‘caso Koldo’, en la que se reclama que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, declare como testigo después de la imputación de varios exaltos cargos de su departamento.
En un escrito, recogido por Europa Press, el partido de Santiago Abascal entiende que la petición de que Puente comparezca ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno es pertinente. Y es que, añaden, su testifical “estaría directamente relacionada con los hechos objeto de la presente investigación”.
Fue el pasado jueves cuando el magistrado solicitó a la Fiscalía que informase si procede llamar como testigo al ministro. Liberum, en su escrito, recordaba que Puente señaló que el cese del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, se produjo “como consecuencia de la pérdida de confianza hacia éste por motivo de su situación procesal como investigado en las presentes diligencias de investigación”.
En este contexto, la asociación solicitó la testifical del ministro para que declare sobre “la información y conocimiento que los investigados le hubieran compartido o que hubiera podido tener acceso, respecto de los hechos objeto de las presentes diligencias previas y sus ampliaciones, especialmente la vinculación de Gómez García” y también del que fuera jefe de personal de ADIF Michaux Miranda.
“INTERESES CONTRAPUESTOS”
En su recurso, Vox también se opone -como Liberum_a que la Abogacía del Estado actúe en defensa y representación de Gómez, investigado en la causa. La formación recuerda que si el abogado del Estado “advirtiese la existencia de intereses contrapuestos entre la Administración General del Estado, órgano constitucional o entidad perteneciente al sector público institucional cuya representación tenga legal o convencionalmente atribuida y sus autoridades, funcionarios o empleados, se abstendrá de actuar en representación de estos”.
“Pues bien, a la vista de la decisión tomada como consecuencia de que el funcionario público ostenta la condición de investigado y el contenido del informe de auditoría llevado a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, todo parece apuntar a que existen intereses contrapuestos entre la Administración General del Estado y aquellos investigados que ostentaban la condición funcionarial”, afirma el partido.
Cabe destacar que la citada auditoría interna -cuya copia certificada ha solicitado el juez Moreno– reveló una orden ministerial firmada por el exministro José Luis Ábalos en la primera compra a la empresa clave de la trama donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de “tan solo 38 minutos”.
Ese informe, presentado en el Senado por el ministro Puente, señala que un día antes de esa orden, el 19 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia del coronavirus, se realizó una estimación de cuatro millones de mascarillas para los 15 primeros días del primer estado de alarma. Fue un día después cuando Ábalos firmó una nueva resolución para duplicar ese número, según consta en el informe recogido por Europa Press.
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