MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Vox quiere que el PP paralice la tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado usando su mayoría absoluta, y para ello le ha sugerido que el órgano de gobierno de la Cámara Alta declare inconstitucional la iniciativa o la tramite como reforma constitucional y así forzar al Congreso a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para que decida.
Los de Santiago Abascal, que consideran la Ley de Amnistía a los implicados en el ‘procés’ pactada entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez “una enmienda a la totalidad al sistema democrático y al orden constitucional”, vienen reclamando repetidamente al PP frenar la tramitación de la ley en el Senado, aprovechando su mayoría absoluta.
Hasta ahora, el PP ha replicado que no puede parar el proceso parlamentario, alegando que la Mesa de la Cámara Alta no tiene margen frente a iniciativas que vienen aprobadas del Congreso, ero en todo caso este martes ha pedido informes a los letrados de la Cámara Alta para conocer los efectos que tendría la no admisión a trámite de la ley, que es lo que pide Vox. Los ‘populares’ justifican su petición señalando que lo hacen para “despejar dudas” a Vox.
La propuesta de Vox es promover un conflicto institucional nunca antes visto entre cámaras. “Una situación excepcional requiere una respuesta excepcional”, argumentan.
Según explican, la Mesa del Senado sí tiene potestad para decidir sobre la admisibilidad y tramitación de las normas, en contra de “la tesis oficial” que esgrime el PP. En un artículo publicado en ‘La Gaceta de la Iberosfera’, el eurodiputado Jorge Buxadé señala que, si el órgano de gobierno de la Cámara Alta decreta la inconstitucionalidad “palmaria y manifiesta” la ley de amnistía, se desconoce qué pasaría puesto que nunca se ha producido tal situación.
“La lógica jurídica es que el Pleno del Congreso plantease un conflicto entre órganos constitucionales al amparo del artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, añade, un procedimiento “complejo y fatigoso” que retrasaría la tramitación (no la aprobación) del texto hasta que el propio tribunal decidiese “exclusivamente” al respecto de si la Mesa del Senado se ha excedido en sus atribuciones, sin entrar todavía en la constitucionalidad de un texto ni aprobado ni publicado.
Pero si el Congreso ignorase el criterio del Senado y optase por convocar un Pleno para ratificar la ley y levantar su veto, debería ser el Pleno de la Cámara Alta el que plantease ese conflicto de competencias.
Y para salvar un eventual recurso de amparo de los senadores de partidos independentistas o socialistas al sentir vulnerados sus derechos de participación política, Buxadé sugiere devolver la Ley de Amnistía para su tramitación como reforma constitucional.
En cualquier caso, el dirigente de Vox sostiene que la paralización de la tramitación de la amnistía es “correcta” porque es “inconstitucional”; es un abuso de la función parlamentaria que no puede recibir amparo por el Senado; dignificaría esta cámara y la función de los senadores; tendría un efecto internacional relevante; y no dejaría en manos de un Tribunal Constitucional “controlado políticamente una decisión propia del soberano, como si se tratase de una ley normal”.
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