Aspiran a eliminar el Tribunal Constitucional y que una nueva Sala del Supremo asuma sus funciones
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Ilegalizar partidos independentistas, suprimir policías autonómicas, reforzar la presencia militar en País Vasco y Cataluña, y quitar competencias y “privilegios” a las comunidades autónomas son algunas de las propuestas que Vox incluye en su programa electoral para los comicios del próximo 23 de julio.
Según explican, su objetivo es “ilegalizar los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”, y, de entrada, prometen un referéndum para que los españoles se pronuncien sobre ello.
Asimismo, buscarán “reintroducir los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos, aumentando las penas conforme al principio de proporcionalidad al ser graves delitos contra España, su unidad y soberanía y el patrimonio de todos los españoles”.
EDUCACIÓN, SANIDAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA, DESDE MADRID
El partido quiere también que se devuelvan al Estado las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia que han sido transferidas a las comunidades en los últimos años, así como limitar “en todo lo posible” la capacidad legislativa autonómica.
Del mismo modo, se comprometen a “suprimir todos los privilegios legales y fiscales amparados en supuestos “derechos históricos” que provocan la desigualdad entre territorios”, y prometen “suspender inmediatamente la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional para atentar contra la unidad de España”.
Además, se propone eliminar progresivamente las policías autonómicas con el fin de que sus agentes se integren en la Policía y la Guardia Civil. “Hasta que se haga efectiva, se garantizará la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y policías autonómicas”, añaden.
MÁS PRESENCIA MILITAR EN CCAA NACIONALISTAS
Igualmente, piensan “asegurar y visibilizar la presencia de la Administración civil y militar del Estado al servicio de los españoles en todos los territorios de la nación, especialmente en aquellos donde los gobiernos separatistas han tratado de borrar a España, ante la inacción de los gobiernos nacionales anteriores”.
En materia de símbolos nacionales, Vox pretende otorgar la máxima protección jurídica a la Bandera, el Himno y la Corona, agravando las penas para que ninguna afrenta a ellos quede impune, y abogan por “derogar todas las leyes que el gobierno de Sánchez ha aprobado o mantenido y alientan el enfrentamiento y la división entre españoles, como la Ley de Memoria Democrática o la Ley LGTBI”, y por proteger “la identidad nacional”, difundiendo “las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales dentro y fuera de nuestras fronteras”.
Como ha defendido en el Congreso, Vox aboga por suprimir las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales porque, según figura en el programa electoral recogido por Europa Press, “no habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie”.
DEFENSA CIUDADANA FRENTE A LOS OKUPAS
La formación que lidera Santiago Abascal proclama también su “tolerancia cero con la ocupación ilegal” y promete reformas legales para proteger a quienes sufren la acción de las mafias de ocupación o la entrada ilegal de un okupa en su vivienda. “Todo español debe tener la capacidad de defenderse a sí mismo y a los suyos ante una agresión en su propio hogar”, remarcan.
En el mismo sentido, impulsarán un seguimiento personalizados de las ‘okupaciones’ y eximirán del pago del IBI a los propietarios de inmuebles ocupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble.
Otra propuesta es “exigir la imposición de aranceles a los productos agrícolas provenientes de Marruecos con el fin de que nocopen el mercado nacional y europeo en detrimento delos productos españoles”.
TRES MESES PARA RESOLVER RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
En materia de Justicia, además de prohibir indultos para delitos relacionados con la corrupción, la forma política del Estado o la integridad territorial, Vox quiere fijar un plazo máximo de tres meses para que el Tribunal Constitucional resuelva sus recursos. En cualquier caso, su objetivo final es acabar con este tribunal y que sus funciones pase a desarrollarlas una nueva Sala Sexta del Tribunal Supremo.
También prevén modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera que todos sus miembros sean designados o propuestos por los propios jueces y magistrados, “sin injerencia de partidos o asociaciones politizadas”.
Abogan por suprimir fiscalías especiales como la de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación y por impulsar una Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo que impida homenajes a terroristas y ataques a las instituciones y símbolos de España. En paralelo, promoverán la investigación de los crímenes de ETA y que sus delitos sean considerados de lesa humanidad para que no prescriban.
La derogación de “toda legislación de ‘memoria histórica'” y la aprobación de una Ley de Concordia que fomente “el encuentro y la reconciliación” también figuran en el programa.
RECUPERAR GIBRALTAR
Los de Abascal consideran necesario priorizar la Constitución sobre el Derecho comunitario y reformar la euroorden para que individuos con causas penales pendientes en España se beneficien del amparo de organismos europeos. Asimismo propugnan un nuevo tratado europeo que devuelva a los Estados miembro el protagonismo frente a la “burocracia” de la Comisión y se proponen exigir a la Unión Europea “un firme compromiso con la legítima aspiración española de recuperar Gibraltar”.
Otros de sus compromisos son impulsar “medidas diplomáticas” para evitar que las “naciones de la Iberosfera retrocedan en el régimen de libertades propio de las naciones libres y soberanas”, implicar a la UE en esta tarea, exigir la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, revisar la política de cooperación internacional para que España no contribuya indirectamente “al sostenimiento de regímenes autoritarios” y “combatir los intentos de borrado del legado españolen América”.
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