MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a eliminar el límite de edad para la prestación por hijos enfermos.
“La prestación económica por cuidado de menores afectados por enfermedades graves es una concreción de esta cultura del cuidado. Sin embargo, la normativa actual presenta limitaciones que afectan su alcance, como la restricción de edad o la necesidad de hospitalización”, indica Vox en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En este sentido, la formación que lidera Santiago Abascal considera “necesario llevar a cabo una mejora en la regulación de la prestación para abordar situaciones no contempladas expresamente”.
Por ello, en la iniciativa pide suprimir el límite máximo de edad del enfermo causante de la prestación, “de forma que los cuidadores puedan percibirla con independencia de la edad en que se produzca el diagnóstico y durante todo el tiempo que la enfermedad se prolongue, siempre que se mantengan la necesidad de cuidados y la dependencia económica del enfermo respecto de sus cuidadores”.
En esta misma línea, Vox reclama superar la actual exigencia de hospitalización del causante de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, “de modo que sea suficiente la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del enfermo, en régimen ambulatorio o domiciliario”.
También propone que se reconozca el derecho a la prestación de los cuidadores “siempre que les una al enfermo una vinculación filial entendida en sentido amplio, que incluya cualquier forma jurídica en que puedan tenerlo a su cargo de forma tendencialmente perpetua”.
Igualmente, pide permitir que, en el seno de la familia, sean los padres quienes escojan cómo se reducirá la jornada laboral para atender al cuidado, pudiendo percibir el subsidio de forma prorrateada entre ambos y en proporción a la reducción solicitada.
En la exposición de motivos, Vox subraya que la promoción de la cultura del cuidado en España “es un deber público que se enraíza en el respeto a la dignidad de cada persona”. Así, añade que son los poderes públicos los que tienen la “responsabilidad” derivada de los mandatos constitucionales de garantizar “una adecuada protección social y económica de la familia.
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