Los negociadores progresistas y conservadores acuerdan seleccionar aspirantes entre magistrados del Supremo
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han iniciado este viernes las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, acordando volver a verse el día 21 para analizar ya candidatos concretos, como el juez del CNI, Pablo Lucas, o la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), María Luisa Segoviano.
Durante este primer contacto oficioso, que se ha prolongado alrededor de hora y media, los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart –interlocutores del lado conservador– y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach –del ala progresista– han llegado a un puñado de acuerdos para adentrarse definitivamente en las negociaciones, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
Así, han pactado que estos dos magistrados del TC se nombren por una “amplia mayoría” y que su selección se haga entre los jueces que actualmente desempeñan sus funciones en el Tribunal Supremo tras una “minuciosa evaluación” de sus currículos.
Para ello, han decidido volver a reunirse el próximo miércoles a las 9.30 horas. El sector progresista se ha comprometido a llevar a esta segunda cita una lista de nueve candidatos, si bien desde el bloque conservador de momento han rehusado llegar a un compromiso similar, de acuerdo con las citadas fuentes.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PRINCIPAL CALADERO
Los negociadores progresistas han dado a conocer ya esos nueve nombres, entre los que destacan Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una sala del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Llama la atención que la mayoría de los magistrados del Supremo que se han postulado desde el bloque progresista pertenecen a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya que junto a la de lo Social es una de las más afectadas por las vacantes sin cubrir.
Así, completan esta primera lista José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet. Cabe recordar que Huet fue una de los tres magistrados de la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo que votaron en contra de admitir a trámite los recursos presentados por PP, Vox y Cs –entre otros– contra los indultos a los condenados por el ‘procés’. Tras éste y otros cambios en dicha sección, las impugnaciones acabaron admitiéndose.
A estos siete postulantes se suman la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles y el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde, que formó parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y del actual CGPJ.
UN SUPREMO AL LÍMITE
Ballestero y Llombart también han puesto sobre la mesa otras propuestas que han sido rechazadas por la otra parte, entre ellas que, a la hora de cribar candidatos, se tuviera en cuenta la situación en la que se dejaría a sus tribunales de origen si resultaran elegidos para el TC.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces preguntadas por esta agencia de noticias antes de la reunión de este viernes indicaban en este sentido que debía tenerse presente la precaria situación del Supremo.
Hasta ahora, ha sido habitual que los magistrados del Constitucional se seleccionaran de entre sus colegas del TS, pero actualmente varias salas del Supremo se encuentran al límite de sus fuerzas debido a las vacantes que se han ido produciendo sin cubrirse.
El presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, detalló, durante la apertura del año judicial, que ahora mismo hay 14 vacantes sin cubrir y que en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25 por ciento de sus efectivos, a lo que añadió que “el 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar”.
La razón de que los magistrados del TS no se hayan ido reemplazando es la reforma legal impulsada por el Gobierno que desde marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones –como el actual– realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
No obstante, es preciso apostillar que, aunque los nueve candidatos lanzados por los vocales progresistas son magistrados del TS, en el caso de Segoviano debe abandonar su puesto el próximo 20 de octubre, por jubilación, y en el de Fernández Valverde ya está retirado, por lo que su designación causaría menos daño al TS.
NEGOCIACIONES LARGAS
A pesar de que se ha fijado el próximo miércoles para un segundo encuentro, las partes han abierto la puerta a que se prolongue hasta el día siguiente, lo que hace augurar una negociación larga.
De acuerdo con el bloque progresista, Ballestero y Llombart han abogado por contar con “el mayor de los márgenes temporales posibles”, alegando que ningún magistrado del Supremo les ha trasladado su deseo de ir al Constitucional, motivo por el cual se habrían presentado sin candidatos a la videoconferencia de hoy.
Por contra, los interlocutores progresistas sostienen que los nueve aspirantes mencionados sí les han trasladado en los últimos días su disposición a ser tenidos en cuenta para la corte de garantías.
Además, los vocales progresistas han rechazado la propuesta ‘conservadora’ que buscaba garantizar primero un consenso en el seno de ambas corrientes para perseguir después un consenso colectivo que permita convocar un nuevo Pleno ya con dos candidatos claros.
En el Pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, los vocales ya acordaron que no se convocaría otro hasta que hubiera dos candidatos decantados.
Para nombrar sus dos candidatos al TC, el CGPJ debe sumar una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, doce votos, por lo que a los ocho que aglutina el sector progresista habría que añadir cuatro conservadores.
FUERA DE PLAZO
La reunión de este viernes, que se enmarca en los contactos informales para llegar a Pleno con el horizonte despejado, se ha producido fuera del plazo establecido por la última reforma legal impulsada por el Gobierno para que el CGPJ pudiera nombrar a sus dos aspirantes al TC: el 13 de septiembre.
El malestar suscitado en el seno del CGPJ por esta segunda reforma para devolver al CGPJ sus funciones pero solo respecto al TC y poner fecha límite llevó al ‘núcleo duro’ del sector conservador a amenazar con no llevar a cabo estos dos nombramientos, lo que habría bloqueado la renovación parcial del Constitucional.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos candidatos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de efectuar sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien fuentes jurídicas arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, la titular de Justicia, Pilar Llop, aclaró que Moncloa, “lógicamente”, aguardará a que el CGPJ tenga sus dos aspirantes para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
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