Insiste en demostrar en el juicio que su “actividad autónoma” era compatible con su función policial
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La defensa del comisario José Manuel Villarejo ha insistido este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por los trabajos que realizó para Repsol y Caixabank, investigados en la pieza 21 del ‘caso Tándem’, que la causa tiene “una conexión absoluta” con la “causa única” abierta contra su persona y ha subrayado que debe anularse el juicio dado que la investigación ha prescrito y fue prospectiva.
Así se ha pronunciado en el trámite de cuestiones previas su letrado, Antonio José García Cabrera, quien ha denunciado que durante la investigación se vulneró la cadena de custodia de lo intervenido en las entradas y registros de 2017.
En este juicio, la Sección Cuarta juzga al comisario por los trabajos realizados para Repsol y La Caixa en el denominado ‘proyecto Wine’, en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, calcula que el comisario habría recibido por esos encargos y a través de su empresa CENYT 389.400 euros, cantidad abonada a partes iguales por la caja y por la petrolera. A esa cantidad suma 24.200 euros que Repsol añadió para que investigara a uno de sus consejeros.
Si bien están encausados responsables de Seguridad de ambas entidades, se ha acordado dejar fuera del juicio tanto a Repsol como a Caixabank y a la Administración del Estado como responsables civiles subsidiarios después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía hayan renunciado a ir en este momento contra ellas.
García Cabrera ha lamentado que la práctica totalidad de las pruebas que interesó para este plenario fueran inadmitidas y ha apuntado que si no hay marcha atrás en esa decisión “no será un juicio justo” porque no podrá probar “las ilegalidades que se produjeron para preparar esta causa”.
“JUSTICIA TUERTA”
En este sentido, ha recalcado que lo que se discute es si Villarejo cometió cohecho porque realizó funciones fuera de sus labores como funcionario policial sin autorización para las mismas, por lo que ha exigido que se debe analizar “la labor funcionaria del señor Villarejo” porque “si nos tapamos un ojo estaremos haciendo una justicia tuerta”.
Por otro lado, ha señalado que se ha vulnerado su derecho a la intimidad y su derecho a un proceso con todas las garantías dado que el procedimiento ha sido “prospectivo” gracias a las entradas y registros que tuvieron lugar en 2017, cuando buscando un proyecto en concreto se tuvo acceso a otros muchos trabajos realizados por el comisario.
Además, como en otros juicios, ha insistido en que se ha desvirtuado la cadena de custodia de lo aprehendido en los registros. “Los efectos intervenidos no se precintaron, el acta de entrada y registro en el domicilio de Redondo es demoledora”, ha apostillado para resaltar que es “insubsanable”.
En este sentido, ha indicado que se ha dado también una vulneración de su derecho de defensa porque no se le ha dejado “el más mínimo contacto” con el material con que se le acusa, que ha señalado que equivaldría a lo que pudieran contener 18 tráileres. “Atenta contra la igualdad de armas entre las partes”, ha añadido.
ACTIVIDAD PRIVADA
Y al hilo, ha incidido en que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, porque no se puede conocer si esos documentos “que se usan para ir contra él” son suyos “y no se han incorporado a posteriori”.
Además, el letrado ha hecho mención a la pieza 28 del caso, relativa a los diarios del comisario, para recordar que se inicia con la actividad del detective privado Francisco Marco en connivencia con Asuntos Internos de la Policía para acceder a archivos del comisario. Y ha remarcado que la prueba fue “ilicitamente obtenida”.
Por último, ha reseñado que esta pieza concreta habría prescrito dado que los hechos enjuiciados ocurrieron en mayo de 2014 y se incoó pieza el 18 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de cinco años –al entender que no existe cohecho– habría terminado.
Tras esto, se ha quejado de que le hayan rechazado todas las pruebas y ha incidido en que deben dejarle demostrar que esa labor de inteligencia de interés policial de Villarejo “se realizaba desde su actividad privada encubierta a través de una serie de mercantiles creadas previamente cuando estuvo en excedencia”. Y que esa labor la compatibilizaba con “una actividad autónoma sin vinculación con las funciones oficiales”.
PINO, SANZ ROLDÁN Y SÁNCHEZ CORBÍ
Por último, ha solicitado que declaren en el plenario como testigos quien fuera director del CNI Félix Sanz Roldán, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino o el exjfe de la UCO Manuel Sánchez Corbí.
También ha solicitado la declaración tanto del ex ‘número dos’ del Ministerio del Interior Francisco Martínez, del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y del que fuera fiscal del caso Ignacio Stampa.
El objetivo, ha señalado, es probar que el inicio de la causa abierta contra él fue ilegal y por tanto contamina todas y cada una de las piezas del caso.
BRUFAU Y FAINÉ
Por su parte, la representación legal del empresario Luis del Rivero –quien fue víctima presuntamente del espionaje de Villarejo– ha interesado que tanto el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como el presidente de la Fundación LaCaixa, Isidre Fainé, declaren en el plenario como testigos dado que ambos prestaron declaración como investigados en instrucción y dado que ambos, ha sostenido, ordenaron hacer averiguaciones sobre las estrategias de la constructora Sacyr a sus responsables de Seguridad.
El fiscal del caso ha solicitado por su parte que se llame a declarar tanto al que fuera comisario de Barajas Carlos Salamanca –ya condenado por la AN por el ‘caso Villarejo’– como del exjefe de la UDEF José Luis Olivera.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 40 años y medio de cárcel para Villarejo por esos trabajos realizados para Repsol y La Caixa en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal solicita además una pena de 32 años y medio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, 28 años para el responsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el ex responsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
A todos les encausados se les imputan diversos delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.
Tal y como recuerda Anticorrupción a lo largo de 15 folios, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.
Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, “los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas”, y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.
El tribunal, tras el trámite de cuestiones previas, ha acordado que los encausados declaren al final del juicio, tras la celebración de la prueba, y les ha dispensado de asistir a la vista por motivos médicos.
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