Sostiene que nunca mezcló “actividades oficiales con actividades privadas”
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este martes en el juicio que se sigue en su contra en la Audiencia Nacional que realizó los encargos para Repsol y Caixabank pero ha descartado que para ello se valiese de medios policiales, negando de igual forma que espiase a ninguna persona en esos trabajos.
Así se ha expresado en la vista oral en la que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a 40 años y 6 meses de cárcel por delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
Su declaración como acusado se enmarca en este juicio, en el que se pone el foco en los trabajos realizados por Villarejo para Repsol y Caixabank en el denominado ‘proyecto Wine’, en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.
Villarejo ha explicado que con su grupo empresarial, CENYT, contactaron tanto Sacyr como Repsol y Caixabank. Por parte de la primera acudió a la sede de su empresa, situada en Torre Picasso, el que fuera jefe de Seguridad de Sacyr, un señor “muy pesado” y que “estaba obsesionado con que le habían traicionado”.
“Llegó a traerme de todo, trafico de llamadas…. y lo único que le hice fue un preinforme para que me dejara en paz”, ha aseverado el comisario jubilado, que ha añadido que finalmente se decidió a trabajar con Repsol y Caixabank porque pensaba que “éticamente eran los que tenían más razón”.
UN INFORME DE INTELIGENCIA Y EMPRESARIAL
Estas dos empresas, ha detallado, le solicitaron “un informe de inteligencia estratégica y de índole económica empresarial para ver qué gente había interesada en comprar acciones o hacerse con el control de Repsol”. Especialmente, ha incidido, “centrándose en los vínculos con otras firmas extranjeras como Pemex o una firma rusa y china”.
A preguntas de su letrado, Villarejo ha repetido que jamás mezcló “actividades oficiales con actividades privadas”. “Habrán visto que después de tantos años de investigar jamás hay un tema que me encarguen un tema oficial y lo haga privado”, ha insistido.
Y para este encargo, en concreto, ha sostenido que nunca usó medios policiales. “No tenía acceso a ninguna base policial. No había digamos ninguna cosa relacionada con Interior. Era una cuestión puramente de enfrentamiento empresarial entre accionistas”, ha destacado.
En cuanto a los datos utilizados para el ‘proyecto Wine’, Villarejo ha asegurado que “no es lo mismo la situación en 2025 sobre la ley de protección de datos que en 2011”. “En aquel entonces no era digamos tan escrupuloso a la hora de manejar informaciones que eran de dominio público”, ha añadido.
Por otro lado, el ahora comisario jubilado ha negado que entre su documentación constase el tráfico de llamadas de varias personas, entre ellas del expresidente de Sacyr Luis del Rivero. “Que no, que no. En absoluto”, ha contestado.
ERA UN “AGENTE DE INTELIGENCIA”
A preguntas de su defensa, y como ya ha hecho en sus numerosas declaraciones, Villarejo ha defendido que CENYT servía como cobertura para su labor como “agente de inteligencia o infiltrado”, una realidad que –ha sostenido– conocían todos sus superiores, incluyendo los hasta 10 ministros del Interior con los que coincidió.
Negar esa realidad, ha sostenido, “es como negar que a las 12 de la mañana es de día”. “El miedo es muy libre”, ha continuado Villarejo, que ha afirmado que diferenció “absolutamente todo lo que era la actuación pública” que desempeñó como policía “de la privada”.
Villarejo, que ha exculpado a su socio, Rafael Redondo, del encargo –asegurando que no participó en el mismo–, ha dado cuenta al tribunal de su estado de salud. Una reciente intervención ha motivado que declarase como acusado por videoconferencia.
Después de que la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, le ha comunicado que el juicio se aproxima a su recta final –y por tanto al turno de última palabra–, Villarejo se ha levantado el jersey mostrando una faja, que recubre la operación de espalda a la que se ha visto sometido.
“Que no me enseñe la faja”, le ha espetado la magistrada que, no obstante, ha bromeado en ese momento: “Está usted más en forma de lo que dice (…) El antibiótico le ha dado fuerzas para hablar”. Villarejo, por su parte, le ha contestado: “La mente la tengo lúcida y afilada”.
La vista oral se reanudará este jueves con el informe final del fiscal Cesar de Rivas, que este mismo martes ha elevado a definitivas sus conclusiones.
LOS OTROS ACUSADOS
Cabe recordar que la Fiscalía solicita 32 años y medio de cárcel para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, por esos trabajos realizados para Repsol y Caixabank. En su escrito de acusación solicita además una pena de 21 años para el que fuera subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, 28 años para el exresponsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el exresponsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
A todos los encausados se les imputan diversos delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.
Tal y como sostiene Anticorrupción a lo largo de 15 folios, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.
Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, “los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas”, y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.
El tribunal que juzga a todos ellos acordó en las primeras sesiones de la vista oral dejar fuera del juicio tanto a la entidad financiera como a la energética y a la Administración del Estado después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía renunciaran a ir en este momento contra las responsables civiles subsidiarias.
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