Apuestan por evitar construir en zonas inundables y urgen a que se les levante la regla de gasto: “Estamos con la soga al cuello”
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Representantes de ayuntamientos de la provincia de Valencia afectados por la dana han reclamado este miércoles en el Congreso de los Diputados que se lleven a cabo comisiones de investigación “formadas por técnicos independientes, no por políticos”, así como ayuda para poder reabrir los centros educativos que siguen cerrados por los daños que causó el temporal del pasado 29 de octubre.
Esas reclamaciones han centrado la jornada ‘La población valenciana 100 días después de la dana; la visión del municipalismo y la sociedad civil’, organizada por la Associació Juristes Valencians en el Congreso.
“Insto a las administraciones a que establezcan comisiones de investigación, pero formadas por técnicos independientes, no por políticos”, ha demandado la vicealcaldesa de Albal, María José Hernández, para criticar en primera persona que los políticos “arriman el ascua a su sardina” y así no solucionan “nada”.
Y ha resaltado que es “prioritario” la reapertura de los centros educativos, para lo que es necesario, ha dicho, ayudas del Gobierno central y de la Generalitat, antes de describir que hay alumnos que están dando clases ‘online’ o se están desplazando a otros centros, advirtiendo que “hay muchos que están abandonando los estudios”.
En la misma línea, la concejala de Alaquàs Marta Murciano ha avisado de las consecuencias académicas “nefastas” que para el alumnado tiene no poder ir a clase, como el “retraso” que van a sufrir en el temario, sobre todo aquellos que a final de curso quieran hacer la selectividad.
“La mala gestión de la dana no puede ni debe arrebatar a nuestros alumnados su futuro ni al derecho de la educación, y mucho menos el de cumplir sus sueños”, ha resaltado.
El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha emplazado a reflexionar si los políticos han sido la voz de los valencianos o han preferido ser la voz de sus partidos y en lugar de buscar soluciones han alimentado la crispación.
“El mensaje que se ha lanzado y el espectáculo que hemos dado es muy triste”, ha lamentado, como también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, “no se han sentado a hablar cien días después”.
SI LA POLÍTICA FALLA, EMERGERÁN “MONSTRUOS”
De su lado, el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazona, ha afirmado que los políticos están “quedando muy mal” con esta crisis y ha advertido de que “si la política no sirve, vendrá la antipolítica, los monstruos”.
Así que ha pedido que se declaren municipios afectados por la dana todos los que han sido afectados, además de exigir coordinación entre el Estado, la comunidad y los ayuntamientos para la recuperación de la zona.
Por su parte, la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, ha puesto el foco en las viviendas que hay edificadas junto a barrancos y, por tanto, en zonas inundables, por lo que proceder a una reconstrucción “puede ser peligroso”.
Ha señalado que los ayuntamientos tienen la “misión importante” de “evitar reconstruir en zonas que al final se ha demostrado que es peligroso habitar en ellas”, añadiendo que las ayudas no sólo tienen que invertirse en edificios de titularidad municipal, sino también en “remodelar y proyectar un futuro mejor para todos los ciudadanos”.
Varios de ellos han aprovechado sus intervenciones para solicitar “urgentemente” que se levante la regla de gasto a los ayuntamientos, que están con “la soga al cuello” y al borde del “descalabro económico” al haber tenido que usar muchos fondos para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal.
MÁS DE 17.000 MILLONES DESTRUIDOS
Francisco Pérez, director general del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), ha explicado que el potencial de activos que puede ser afectado por estar en esas zonas inundadas se eleva a 85.900 millones de euros.
Ha estimado que según los cálculos “no menos del 20% de esos 85.000 millones, es decir, no menos de 17.000 millones, han sido destruidos por la dana”.
Además, ha incidido en que de los más de 17.000 millones de euros anunciados por el conjunto de las administraciones, por ahora se han pagado 2.325.
“Es necesario mantener el esfuerzo y acelerar la ejecución, y lo tendrá que hacer fundamentalmente el Estado, porque tiene sentido que lo haga en una situación como esta y porque la situación financiera de la Generalitat desde hace muchos años es muy precaria, porque estamos en una situación de infrafinanciación”, ha sostenido.
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