MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Unión de Uniones considera que Sara Aagesen “sigue dando la espalda al sector agrario” tras 100 días como ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así, ha criticado que no se haya avanzado en “ninguno” de los “asuntos pendientes” y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) muestra una “falta de sensibilidad para con el sector agrario”.
“No es que esperásemos otra cosa, pero después de estos 100 días ya podemos confirmar que Aagensen es más de lo mismo que teníamos con (su antecesora en el cargo, Teresa) Ribera”, ha señalado la organización.
De esta manera, ha recordado que se ha dirigido al departamento de Aagesen “en varias ocasiones infructuosamente” para tratar el tema de la doble tarificación eléctrica para el regadío, así como la revisión de la estrategia sobre el lobo y otras cuestiones de interés para el sector agrario, como la aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales, que implicará nuevas obligaciones para los ganaderos.
Además, ha incidido en que lleva “dos años” esperando la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se instó a Transición Ecológica a poner en marcha la doble tarificación eléctrica para el regadío. Igualmente, ha denunciado que “sigue sin cumplirse” la ley en cuanto al establecimiento de una zonificación agroambiental que proteja los suelos de interés agrario de las presiones de las macroinstalaciones energéticas.
“Lo único que sabemos los agricultores y ganaderos de Aagesen es que ha firmado una carta para cuatro comisarios europeos pidiendo que no se reduzcan las obligaciones verdes en el paquete de simplificación para las empresas que ha presentado la Comisión Europea”, ha comentado.
De esta forma, ha hecho referencia a la carta que Aagesen envió a la Comisión Europea junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo en la que pidieron no comprometer los objetivos climáticos del bloque en el nuevo paquete para reducir la burocracia. Por esta parte, Unión de Uniones ha insistido en que no se pueden implementar políticas medioambientales “sin escuchar al sector productor” e “imponer” normativas incongruentes con la realidad del campo.
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