MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, y la diputada autonómica de Más Madrid Alicia Torija registraron este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea, y la empresa Amoexco (Asociación de Excavadores y Constructores de la Comunidad de Madrid) por posibles delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, los recursos naturales y el medio ambiente, por prevaricación administrativa, por cohecho y coacciones inmobiliarias.
Alicia Torija afirmó que en Cañada Real “se ha acelerado el proceso de vertidos ilegales y de movimientos de tierras”, y se preguntó por la situación de “todos esos amontonamientos de tierra” en días lluviosos como hoy, ya que dijo que “pueden generar corrimientos de tierra y poner en peligro la vida de las personas que viven allí”.
Por su parte, Alejandra Jacinto manifestó que “se están cometiendo muchos delitos en una zona donde viven una veintena de familias a las que se les está soterrando parcialmente sus viviendas, a las que se está aislando y poniendo en serio riesgo su salud”.
El pasado día 4 de diciembre, miembros de Unidas Podemos y Más Madrid acudieron a inspeccionar la llamada “zona sin asfaltar” del Sector 6 de la Cañada Real Galiana, a petición de los residentes, que discurre entre el Complejo de Incineración de Valdemingómez y el término municipal de Getafe.
Según esas formaciones, esos terrenos y sus zonas aledañas están siendo utilizados para depositar tierras que provienen de obras de toda la Comunidad de Madrid mediante los camiones que organiza Amaexco. Sostienen que a diario más de 500 camiones entran en la zona para depositar tierras traídas de obras de la construcción de todo Madrid. “Cada camión paga una tasa no reglada de 14 euros a la asociación Amaexco por permitirle verter tierras en la zona sin control ambiental”, dicen.
Las dos diputadas autonómicas afirmanque la actividad de vertidos de escombros y enterramiento de escombros ha llevado a que se acumulen montañas de tierra en zonas colindantes a las viviendas habitadas, poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos y obstaculizando el desplazamiento.
“Además, el movimiento de tierras viene enterrando literalmente los escombros sin control ninguno, incluyendo materiales peligrosos y contaminantes (uralitas, materiales con amianto, chatarras, electrodomésticos, etc) en una zona que forma parte del Parque Regional del Sureste. Los habitantes de esa zona sufren un continuo hostigamiento que les compele a abandonar sus viviendas y todo ello se produce en un contexto de un negocio de acumulación ilegal de vertidos, sin control aparente, sin supervisión administrativa alguna y sin tener conocimiento de la naturaleza y composición de los vertidos acumulados en una zona habitada”, concluyen.
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