MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
UNICEF España ha reclamado al Gobierno una “financiación adecuada” para los menores migrantes no acompañados, así como “dejar a un lado la politización” para su acogida.
“Es necesario lograr avances reales, dejar a un lado la politización de la acogida de estos niños y niñas y destinar los esfuerzos a ofrecer una primera acogida desde un enfoque de sus necesidades y derechos”, ha asegurado con motivo de la reunión que mantendrá este miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En este sentido, UNICEF España ha pedido que el Gobierno se comprometa con una “financiación adecuada” para “asegurar que todas las comunidades autónomas acogen, protegen y atienden las necesidades de las niñas y niños no acompañados a través de sus sistemas de protección de la infancia”.
Asimismo, la organización ha dicho que es “urgente” dotar de una financiación extraordinaria que venga acompañada de un “consenso político” que ofrezca una solución a los menores migrantes que se encuentran en Canarias. “La solución no puede esperar más, se está llegando tarde para estos niños y niñas que llevan en estas condiciones críticas muchos meses”, ha recalcado el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.
Igualmente, UNICEF ha instado al Ejecutivo a crear unidades multidisciplinares de apoyo a la infancia migrante en momentos de emergencia. Además, ha demandado potenciar el sistema de traslados “para que sea eficaz, ágil y asegure una adecuada protección en los diferentes territorios”.
“Sólo es posible ofrecer una acogida digna a la infancia migrante a través de la corresponsabilidad, con suficiente financiación y apoyo por parte del gobierno central a Canarias y a todas las comunidades autónomas, que se deben implicar en esta acogida”, ha concluido.
El objetivo del encuentro entre Clavijo y Montero es el de cerrar la ficha financiera del reparto extraordinario de unos 4.400 menores migrantes no acompañados (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta). Una vez que la financiación para el reparto extraordinario esté garantizada y la Abogacía del Estado entregue el informe sobre si es posible realizarlo mediante un decreto ley, quedaría reunirse con los grupos políticos para cerrar el texto y aquellas mejoras que quisieran introducir, llevándolo luego al Consejo de Ministros y al Congreso, respectivamente.
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