MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Unicef España celebró este martes la aprobación en Consejo de Ministros del acuerdo por el que se modifica la ley de extranjería para establecer un sistema vinculante de distribución de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y en Ceuta entre todas las comunidades autónomas y confió en que su concreción cuente con una “financiación clara y suficiente” y con el “compromiso y la colaboración” de todos los territorios.
Lo hizo en un comunicado emitido poco después de la aprobación de este acuerdo ante el que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana, Aragón y Región de Murcia, han mostrado su oposición y su voluntad de recurrirlo ante los tribunales.
Unicef consideró “imprescindible” este acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros para “abordar la emergencia humanitaria migratoria que está afectando gravemente la vida de estos niños y niñas” y aseveró que para su puesta en marcha se necesita “una financiación clara y suficiente” y el “compromiso y la colaboración de todas las comunidades autónomas”.
En ese sentido, subrayó que “la situación de la infancia no acompañada en Canarias y Ceuta es extraordinariamente preocupante desde hace meses” y aseveró que “la saturación del sistema de protección de la infancia en frontera sur es insostenible”, como lo atestigua que Canarias atiende actualmente a más de 5.500 chavales y Ceuta “cuadruplica su capacidad previa ante las llegadas en el último año”.
La organización observó que la “gran paradoja” que se vive en España es que a pesar de que “los centros de protección deberían ser espacios seguros” para los menores, “el sistema que está para protegerles termina generándoles desprotección”.
Tras reseñar que muchos de los menores migrantes no acompañados son “potenciales solicitantes de protección internacional”, Sara Collantes, especialista en migraciones de Unicef España, apuntó que “los acuerdos políticos deben garantizar el marco internacional y nacional de los derechos de la infancia y adolescencia” y añadió que “las repatriaciones de menores de edad no acompañados deben tener en el centro el principio del interés superior del niño, nunca pueden ser colectivas y están sometidas a fuertes garantías jurídicas previstas por la legislación en vigor”.
Por último, instó a “evaluar su situación de forma individual” con el objetivo de que “se tomen las decisiones de traslados más convenientes” para los chavales, lo que le sirvió para dejar claro que “la coordinación entre los sistemas de protección de infancia autonómicos será crucial para garantizar la protección y el bienestar de estos niños y niñas en todo momento”.
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