El Departamento de Justicia busca sortear la confidencialidad entre abogado y cliente
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Alina Habba, abogada del expresidente estadounidense Donald Trump, ha declarado también ante un gran jurado en el marco de una investigación por el hallazgo de documentos clasificados en la residencia del magnate neoyorquino en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.
Habba es la tercera abogada de Trump en ser citada por este gran jurado de Washington, encargado de investigar si el anterior inquilino de la Casa Blanca incurrió en una violación de las leyes gubernamentales y ha tratado de obstruir procedimientos judiciales, según han indicado dos fuentes cercanas a las investigaciones en declaraciones a la cadena CNN.
Si bien la letrada no ha desempeñado un papel tan relevante como otros abogados de Trump, de perfil más mediático, ha defendido en numerosas ocasiones a Trump y ha criticado los indicios recabados por el FBI.
Habba ha encabezado, además, el caso de Trump en Nueva York, donde la fiscal general del estado, Letitia James, ha presentado cargos por supuesto fraude fiscal. En este sentido, la propia abogada ha defendido que ella misma registró las viviendas de Trump antes de que el FBI realizara su propia operación.
De hecho, los investigadores consideran que su objetivo era recuperar cualquier documento de la Organización Trump que fuera de interés para James, aunque ha defendido que no halló ningún tipo de documento que se enmarcara en la citación judicial de la fiscal.
Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca sortear al confidencialidad entre abogado y cliente para obtener así mayores respuestas por parte del equipo legal de Trump a medida que avanzan las investigaciones.
Los fiscales han solicitado a un juez federal que active una excepción utilizada en Estados Unidos ante la posibilidad de que dicho privilegio facilite la ocultación de la comisión de un delito o en caso de que el asesoramiento legal fuera solicitado, precisamente, con la idea de cometer un delito.
El hecho de que los fiscales hayan pedido que se aplique esta excepción pone de manifiesto que consideran que dichos servicios pudieron ser utilizados fraudulentamente. Entre las cuestiones que el Departamento de Justicia ha estado abordando desde el año pasado se encuentra si Trump y sus socios obstruyeron la justicia al no cumplir con las demandas de devolver documentos gubernamentales tras dejar el cargo.
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