MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Justicia de Reino Unido ha encarcelado a más de dos años de prisión a una madre de tres hijos por inducir un aborto fuera del límite legal del país.
La acusada, Carla Foster, de 44 años, ha sido condenada a 28 meses de cárcel, de los cuales estará 14 bajo custodia y el resto con permisos, según informa la cadena de televisión BBC.
Foster recibió el medicamento tras una consulta a distancia en la que no dijo la verdad sobre lo avanzado que se encontraba su embarazo. El programa de “píldoras por correo” se introdujo durante el confinamiento y permite interrumpir en casa embarazos de hasta diez semanas, después de esta fecha el procedimiento se ha de llevar a cabo en una clínica.
En Reino Unido el aborto es legal hasta la semana 24, sin embargo, según el tribunal, la mujer tenía entre 32 y 34 semanas. Según la información que proporcionó al Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), le enviaron las tabletas porque se estimó que tenía siete semanas de embarazo.
En mayo de 2020, después de tomar las píldoras abortivas, realizó una llamada de emergencia diciendo que estaba de parto. El bebé nació sin respiración y se confirmó su muerte 45 minutos después. La autopsia determinó que la causa de la muerte de la niña se debió al consumo materno de fármacos abortivos.
Los fiscales han señalado que la acusada había proporcionado información falsa sabiendo que había superado el límite de tiempo legal y que había realizado búsquedas en Internet que indicaban una “planificación cuidadosa”.
Su equipo legal, por su parte, ha explicado que la pandemia de la COVID-19, y su consecuente reducción al mínimo de las citas presenciales, habían cambiado el acceso a la atención médica, por lo que tuvo que buscar información en las plataformas digitales.
“La acusada bien podría haber hecho uso de los servicios si hubieran estado disponibles en ese momento”, dijo su abogado Barry White. “Esto la perseguirá para siempre”.
El tribunal aceptó que Foster estaba “en una confusión emocional” mientras buscaba ocultar el embarazo porque se había mudado nuevamente con su pareja separada al comienzo de la cuarentena mientras que estaba embarazada de otro hombre.
Antes de la audiencia del lunes, varias organizaciones de salud de mujeres han enviado al tribunal una carta firmada conjuntamente pidiendo una sentencia sin privación de libertad.
El juez, que señaló que era una buena madre para sus otros tres hijos, uno de los cuales tiene necesidades especiales, ha dicho que una sentencia sin privación de libertad “no era apropiado” y que su deber era “aplicar la ley según lo dispuesto”.
La sentencia ha provocado protestas entre las organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres. El Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo ha indicado que estaba “conmocionado y horrorizado” por la sentencia, que se basa en una “ley arcaica”.
“Durante los últimos tres años, ha habido un aumento en el número de mujeres y niñas que enfrentan el trauma de largas investigaciones policiales y amenazas de hasta cadena perpetua bajo nuestra arcaica ley de aborto”, ha afirmado la directora ejecutiva de BPAS, Clare Murphy.
Así, ha subrayado que “ninguna mujer puede volver a pasar por esto” y ha indicado que “las mujeres vulnerables en las circunstancias más increíblemente difíciles merecen más” del sistema legal.
La diputada laborista Stella Creasy se ha sumado a las críticas por la sentencia, sosteniendo que “la pena de prisión promedio por un delito violento en Inglaterra es de 18 meses”.
“Una mujer que tuvo un aborto sin seguir los procedimientos correctos acaba de obtener 28 meses en virtud de una ley de 1868: necesitamos una reforma urgente para hacer que el acceso seguro para todas las mujeres en Inglaterra, Escocia y Gales sea un derecho humano”, ha instado.
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