MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La especialista en Educación Especial y funcionaria en prácticas tras aprobar un concurso-oposición en el turno de reserva para personas con discapacidad Laura Cánovas ha sido cesada de su puesto por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias. La decisión, emitida el 27 de noviembre de 2024, se basa en un informe de la Comisión de Evaluación Médica que la declara “no apta” para desempeñar sus funciones por tratarse de una persona sorda, sin tener en cuenta la posibilidad de ajustes razonables, informó la maestra.
Señaló que este criterio médico ignora el desempeño de Cánovas durante cinco años en los que no recibió quejas de sus superiores ni del centro educativo, y contradice las normativas nacionales e internacionales que promueven la inclusión laboral. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, exige que se adopten medidas para garantizar la accesibilidad y el derecho a trabajar en igualdad de condiciones, aseguró Cánovas.
“Solo pido que se cumpla la ley y que se tengan en cuenta mi experiencia y capacidades”, declaró la afectada, quien ha presentado un recurso de reposición y cuenta con el respaldo de organizaciones como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (Asorte) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que calificaron la situación de “discriminatoria”.
La decisión de cesar a Laura Cánovas no solo afecta a su trayectoria personal, sino que representa un golpe a los avances logrados en materia de empleo inclusivo. Según explicaron las organizaciones de apoyo, el incumplimiento de los ajustes razonables perpetúa una barrera estructural que impide a las personas con discapacidad acceder y mantenerse en el empleo público.
“Este caso es un llamado urgente a las administraciones públicas para cumplir con sus obligaciones legales y éticas”, señalaron las entidades. Además, recalcaron que la resolución no solo vulnera derechos fundamentales, sino que envía un mensaje desalentador a otras personas con discapacidad que aspiran a una carrera profesional en igualdad de condiciones.
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