Inicio España Un tribunal en Bolivia declina el juicio a Jeanine Áñez aduciendo incompetencia

Un tribunal en Bolivia declina el juicio a Jeanine Áñez aduciendo incompetencia

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Morales: “Repudiamos esta decisión política y corrupta que garantiza impunidad para los autores del genocidio”

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Un tribunal de Bolivia ha rechazado este lunes juzgar a la opositora Jeanine Áñez en la investigación sobre la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, alegando incompetencia.

El tribunal cuarto de El Alto ha considerado que Áñez fue reconocida como presidenta por todos los órganos, por lo que le correspondería el juicio de responsabilidades. Su equipo legal ha celebrado la decisión: “Estamos gratamente sorprendidos”, ha declarado la abogada Norka Cuellar.

“Si bien, la forma de asumir la Presidencia del Estado Plurinacional del Estado Boliviano por Jeanine Áñez Chávez es cuestionada, lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando la referida gestión presidencial dando pleno consentimiento a las disposiciones esenciales emanadas de la referida autoridad del órgano Ejecutivo; no solamente como ciudadanos, sino; también los Órganos del Estado, como el Órgano Legislativo, Judicial, Electoral, así como el Tribunal Constitucional y el Propio Órgano Ejecutivo”, reza la resolución consultada por la emisora de radio ERBOL.

Tras esta noticia, el fiscal de La Paz William Alave ha considerado que se trata de una acción “maliciosa” y ha aseverado que apelará “porque nos genera un agravio jurídico”. En este sentido, ha criticado que la corte ha emitido una resolución en 48 horas.

“Estos jueces desconocen totalmente nuestra normativa nacional. El tribunal de sentencia solo tiene que admitir la causa y establecer si existe o no materia justiciable, para luego buscar una condena o una absolución”, ha explicado el magistrado.

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha criticado la resolución, lamentando que “los jueces que se niegan a procesar a la golpista” y “sus cómplices” le están “negando justicia a las familias” de los “masacrados”.

“Repudiamos esta decisión política y corrupta que garantiza impunidad para los autores del genocidio y graves violaciones de Derechos Humanos del gobierno de facto”, ha expresado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

SU FAMILIA CELEBRA LA DECISIÓN: “EL TRIBUNAL HACE LO CORRECTO”

No obstante, la hija de Áñez, Carolina Ribera, ha recibido con beneplácito la resolución: “Después de dos años y siete meses, el tribunal al fin hace lo correcto, lo que le corresponde. A mi madre le corresponde por ley y por la Constitución un juicio de responsabilidades y defenderse en libertad”, ha aseverado en declaraciones a el periódico boliviano ‘El Deber’.

“Ahora ya han aceptado que el tribunal no es competente para juzgar a una exmandataria de Estado por la vía ordinaria y falta que definan la fecha y la hora de cuándo mi madre va a salir libre para poder defenderse como dice la ley”, ha insistido Ribera.

La Fiscalía de Bolivia acusó formalmente la semana pasada a Áñez de “genocidio” por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en la que murieron 20 personas y otras 200 resultaron heridas, y pidió una condena de 30 años de prisión en su contra.

Los días 15 y 19 de noviembre de 2019 se celebraron una serie de manifestaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad bolivianos que, amparados en un decreto supremo que los eximía de responsabilidades penales por el uso desmedido de la fuerza, dispararon mortalmente a una veintena de civiles.

Estos hechos se produjeron apenas unos días después de que Áñez se proclamara presidenta de Bolivia, poco después de la renuncia de Evo Morales, que abandonó el cargo en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.

Áñez, por aquel entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre primero proclamándose como presidenta de la Cámara Alta boliviana y, más tarde, como presidenta del Estado. Todo ello en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores.


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