MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Carlos Serrano contra cinco miembros de la Brigada Político-Social franquista por las presuntas torturas que sufrió en octubre de 1975.
En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado insta a la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior a que “faciliten los datos de identidad y filiación completa de los querellados”. En concreto, de Juan Barrero, Agustín Costo Martínez, Eduardo Moreno y dos inspectores.
Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) han valorado “positivamente el contenido del auto, esperando que se pueda avanzar en las diligencias de investigación penal”.
“Recordamos que esta admisión a trámite se une a la que también se ha obtenido recientemente con la querella por el asesinato, en un contexto de crímenes contra la Humanidad, de Teófilo del Valle en febrero de 1976 en el que, entre otros, está querellado el que fuera ministro de Relaciones Sindicales de la época, Rodolfo Martín Villa”, señala en una nota de prensa.
CEAQUA añade que, “lamentablemente, hasta la fecha, más de 115 querellas criminales en las que se denunciaban dichos crímenes han sido inadmitidas o archivadas en el conjunto” de España.
“El Estado español debe revertir, de una vez por todas, sus políticas de impunidad, implementando medidas legislativas que garanticen, de una vez por todas, el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la Transición”, denuncia.
En este contexto, CEAQUA indica que “durante este año en el que se conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y en el que el Gobierno ha programado por ello más de 100 actos”, se quiere interpelar “al Gobierno de coalición y a los grupos parlamentarios que conforman el Poder Legislativo para recordarles que su inacción mantiene las políticas de impunidad”.
“Por ello a los cincuenta años de la muerte del dictador, debemos seguir denunciando los 50 años de impunidad mantenidos por el Estado español”, concluye.
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