MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
Sesenta organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, han urgido a España a “fortalecer” la “protección” de los derechos fundamentales en el Reglamento de Inteligencia Artificial (Ley de IA) de la Unión Europea durante su Presidencia del Consejo de la UE.
Así lo solicitaron Algorace, Algorights, CECU, Lafede.cat, Civio, Observatorio Trabajo, Algoritmos y Sociedad, Institut de Drets Humans de Catalunya y Fundación Éticas en una carta abierta dirigida a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en la que expresaron su “preocupación” por las “deficiencias” en la propuesta original de dicho reglamento y emplazaron a la Presidencia española a que “garantice” una legislación “robusta y respetuosa con los derechos fundamentales”, según precisó este miércoles la Federación de Consumidores y Usuarios CECU en un comunicado.
Bajo el paraguas de IA Ciudadana, la federación explicó que estas organizaciones están “liderando” la respuesta social a las políticas de regulación e implementación de la inteligencia artificial en el continente y que la carta está “respaldada” por el posicionamiento conjunto de 123 organizaciones de la sociedad civil que se divulgó en noviembre del 2021 y que hicieron llegar a los euro representantes.
Entre las principales “preocupaciones” que expresan las organizaciones firmantes está el que los sistemas de IA, al “fomentar la vigilancia masiva y amplificar las desigualdades sociales y los desequilibrios de poder”, pueden representar, “si no existen garantías y controles de la sociedad civil”, una “amenaza grave para los derechos fundamentales y los procesos democráticos”.
De entre las “preocupaciones clave” que, a su juicio, deberían abordarse durante las negociaciones finales del Reglamento de IA, CECU destacó las de ampliar el listado de sistemas de IA prohibidos que representan un “riesgo inaceptable” para los derechos fundamentales y eliminar la “discrecionalidad” en el proceso de clasificación de sistemas “de alto riesgo”.
Asimismo, abogó por establecer “obligaciones significativas de rendición de cuentas y transparencia pública para los usos públicos y los implementadores de sistemas de IA de alto riesgo”; garantizar derechos y mecanismos de “reparación” para las personas afectadas por los sistemas de IA; asegurar que los estándares técnicos “no comprometan los derechos fundamentales” y “promover una mayor participación de la sociedad civil en su desarrollo”.
En este contexto, las organizaciones firmantes solicitan al Gobierno de Pedro Sánchez la celebración de reuniones “a alto nivel” con representantes de diferentes ministerios y carteras antes del inicio de la Presidencia española y en las que exigirán “garantías” para que se “refuercen y protejan adecuadamente los derechos fundamentales” en el texto final del Reglamento de IA, así como la participación de la sociedad civil en la “definición de estándares”.
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