MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
Un joven superviviente de la tragedia del Tarajal (Ceuta) víctima de las devoluciones en caliente el 6 de febrero de 2014 en la playa de la ciudad autónoma ha presentado una queja ante la ONU contra España por “múltiples violaciones de la Convención contra la Tortura”.
En ella exigeque se reabra la investigación por lo ocurrido hace diez años en la playa situada entre Ceuta y Marruecos, donde al menos 15 personas murieron, muchas resultaron heridas y otras 23 fueron devueltas ‘en caliente’.
Este joven camerunés fue una de ellas y, pese a sus intentos, nunca le han permitido declarar en la investigación de los hechos. Era menor en el momento de los sucesos y cuenta con el apoyo del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).
En una rueda de prensa que ofreció este jueves, Ludovic (nombre ficticio) explicó que tenía 15 años cuando intentó entrar en en Ceuta y que recibió golpes de los agentes y le lanzaron “botes de gas lacrimógeno mientras trataba de traspaasar a la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta”.
El menor fue detenido y devuelto a Marruecos por tierra, según denunció, y aseguró que durante los ocho años que duró la investigación de estos sucesos “se le ha impedido testificar en todo momento”. Denuncia “una letanía de fallos en la investigación”, después de que España archivara finalmente el caso en 2022″. “Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas”, criticó. Dice que “la violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos”.
REABRIR LA INVESTIGACIÓN
Carsten Gericke, representante del denunciante y abogado del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), ONG que apoya a Ludovic en la denuncia, instó a la ONU a “insistir en que España reabra su investigación sobre los sucesos del Tarajal” y poner fin así a “la impunidad”.
Según Helena Muñoz, de la Comisión española de Ayuda al refugiado (CEAR), “ni se identificaron los cadáveres ni se tomó declaración a los supervivientes”. Además, “se impidió a las familias de las víctimas personarse en los procesos judiciales españoles”, lamentó.
“Las autoridades se negaron incluso a oír el testimonio de Ludovic N., ignorando sus derechos como víctima y arrebatándole la posibilidad de que un juez español examinase su caso”, criticó. “Hoy en día, sigue sin saberse la verdad. No se ha hecho justicia, no se ha reparado a las familias y, por tanto, no hay garantías de no repetición”.
“Como acusación popular en el proceso penal, seguiremos exigiendo que se respete el derecho a la vida de las personas migrantes en nuestras fronteras”, agregó junto a Hanaa Hakiki, del ECCHR.
Las familias y las comunidades afectadas siguen exigiendo justicia y que se ponga fin a la impunidad mientras se reúnen para conmemorar el décimo aniversario del incidente. En opinión de Hakiki, “el caso Tarajal ha hecho que se acepte una violencia aún más extrema en la frontera, que desembocó en la tragedia de Melilla.
A su juicio, “las muertes en la playa del Tarajal son un reflejo de las políticas fronterizas racistas y letales de Europa y del absoluto desprecio por las vidas de las personas negras en particular”. “Ceuta y Melilla son el laboratorio europeo de la falta de derechos en las fronteras”.
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