MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Una jueza federal ha rechazado la ampliación del perdón declarado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para los asaltantes del Capitolio, y que ahora el Departamento de Justicia intenta ejercer en beneficio de individuos acusados en primer término del ataque del 6 de enero de 2021, aunque imputados después por otros delitos hallados durante su investigación sobre su participación en la incursión.
El caso en particular atañe a Daniel Edwin Wilson, un acusado del asalto al Capitolio que se enfrentaba a otro cargo no relacionado de tenencia ilícita de armas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía la intención de “examinar su caso” al entender que podría ser merecedor del perdón ya que el cargo de tenencia fue establecido mientras era investigado por el asalto.
La jueza Dabney Friedrich, por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ha rechazado este pasado jueves esta ampliación al entender que “contradice el claro e inambiguo lenguaje” de la orden ejecutiva de Trump que declaraba el perdón para unos 1.500 condenados por participar en el asalto.
Friedrich, nominada por Trump, matiza en su opinión –recogida por el portal de noticias estadounidense ‘Politico’ –que “el presidente Trump está capacitado para indultar a Wilson por sus crímenes pero este tribunal no puede aplicar el indulto presidencial que redactó al respecto” del 6 de enero.
La jueza ha aprovechado para criticar la arbitrariedad con la que el Departamento de Justicia está decidiendo ampliar el alcance del perdón de Trump. Acusados como Jeremy Brown, acusado de posesión de información clasificada, o Ben Martin, acusado de posesión de arma de fuego previos antecedentes de violencia doméstica, podrían verse beneficiados de esta extensión.
Por contra, el Departamento de Justicia no ha querido posicionarse al respecto de otros casos sobre los acusados del 6 de enero, como un individuo no identificado que está ahora mismo a la espera de juicio por posesión de pornografía infantil.
Este episodio es otro más del enfrentamiento entre Trump y la Judicatura del país que la Casa Blanca lleva semanas denunciando como una “crisis constitucional” al acusar de “magistrados en distritos liberales de abusar de su poder para bloquear de manera unilateral la autoridad ejecutiva básica del presidente”.
Los magistrados están capacitados para ello, no obstante, porque las órdenes ejecutivas presidenciales no constituyen en sí mismas una ley –la legislación nacional es aprobada por el Congreso de Estados Unidos y ratificada (o vetada) por el presidente– y están sujetas a un proceso de revisión judicial para comprobar que se ajustan a la Constitución estadounidense.
- Te recomendamos -
