MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El informe anual de la entidad internacional LGTBI+ Ilga Europa ha analizado la situación de los países de Europa y Asia Central y ha concluido que los gobiernos utilizan la retórica anti-LGTBI para justificar restricciones a la libertad de expresión, la sociedad civil y las elecciones justas.
“Este informe confirma lo que muchos de nosotros temíamos: estamos entrando en una nueva era en la que las personas LGBTI se han convertido en el campo de pruebas de leyes que erosionan la democracia misma”, ha asegurado el director ejecutivo de Ilga, Chaber.
Según la investigación, los gobiernos están alimentando el sentimiento anti-LGBTI para impulsar leyes que restringen la libertad de expresión, asociación y las elecciones justas.
“En toda Europa y Asia Central, los gobiernos están utilizando la retórica anti-LGBTI para justificar restricciones a la libertad de expresión, la sociedad civil y las elecciones justas. Lo que comienza como un ataque a los derechos LGBTI rápidamente se convierte en un ataque más amplio a los derechos y libertades de todos los individuos de la sociedad. Esta no es sólo una cuestión LGBTI; es una crisis para los derechos humanos y la democracia en su conjunto”, ha explicado Chaber.
La investigación refleja una tendencia internacional a promover los discursos de odio LGBTIfóbicos, el sexismo y la misoginia, por parte de figuras públicas y registra intentos de introducir legislaciones para vetar la educación afectivo-sexual, familiar y de género en Bulgaria, Hungría, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Rumanía, Rusia y Eslovaquia. Además, la normalización del odio también ha justificado el bloqueo de la asistencia sanitaria a las personas trans en Andorra, Georgia, Hungría, Irlanda, Moldavia, Rumanía, Rusia y el Reino Unido.
Por su parte, la directora de Incidencia Política de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel, ha declarado que mientras los gobiernos utilizan “cada vez más” a las personas LGTBI+ como “chivos expiatorios” para impulsar “leyes restrictivas”, los tribunales, tanto en la UE como en toda Europa, defienden a su vez los derechos humanos de estas, con sentencias “clave”. “Pero en este momento crítico, no podemos dejar la protección de los derechos humanos en manos de los tribunales. La clase política, tanto a nivel europeo como nacional, debe actuar con decisión para contrarrestar los crecientes ataques contra las piedras angulares de la democracia a los que estamos asistiendo”, ha argumentado.
En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha dicho que España se encuentra en una situación “agridulce”. “El pasado junio, nos convertimos en el primer país del mundo en contar con una legislación que protege a las personas LGTBI+ en el ámbito laboral. En la actualidad, seguimos trabajando, ya desde una subcomisión en la comisión de Igualdad del Congreso, en la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio”, ha explicado.
Si bien, Iglesias ha lamentado el “señalamiento” que se está produciendo a nivel internacional y que “está permeando en España”, donde “los partidos reaccionarios tienen poder”. En este sentido, ha criticado el rechazo del Parlamento de Cantabria a que deportistas trans compitan en categorías femeninas de élite. “Una nueva evidencia de que a las derechas nunca les han importado los derechos de las mujeres, no han trabajado por erradicar la desigualdad salarial, las condiciones precarias o las agresiones sexuales. Es manifiesto que solo quieren subirse a la ola reaccionaria que ahora cuenta con Trump como altavoz para ver si así consiguen rédito político”, ha denunciado.
En esta misma línea, Iglesias ha reclamado educación y pedagogía, “para ganar conciencias”. También ha pedido un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables “que ponga freno a los bulos y los discursos de odio que tanto daño están haciendo sobre todo en las generaciones más jóvenes”. “Hagamos frente al odio, defendamos nuestros derechos con orgullo y determinación”, ha subrayado.
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