HRW denuncia que “la represión en Arabia Saudí ha llegado a una aterradora nueva fase” y pide a las autoridades revocar el veredicto
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Un tribunal de Arabia Saudí ha condenado a muerte a un profesor jubilado por comentarios críticos realizados a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, y YouTube, según ha denunciado este martes la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), que ha reclamado a las autoridades que revoquen el veredicto.
La sentencia fue dictada el 10 de julio por el Tribunal Penal Especializado, encargado de los asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo, contra Muhamad al Ghamdi, de 54 años, a raíz de sus ‘tuits’, ‘retuits’ y publicaciones en YouTube.
“La represión en Arabia Saudí ha llegado a una aterradora nueva fase en la que un tribunal puede dictar la pena de muerte por unos ‘tuits’ pacíficos”, ha alertado Joey Shea, investigador de HRW para Arabia Saudí. “Las autoridades saudíes han incrementado su campaña contra todas las críticas a unos niveles abrumadores y deben rechazar esta farsa judicial”, ha agregado.
Al Ghamdi fue detenido el 11 de junio de 2022 frente a su vivienda en la ciudad de La Meca, tras lo que fue trasladado a la prisión de Al Dhahban, en Yedá, donde permaneció en aislamiento durante cuatro meses, periodo en el que su familia no pudo contactar con él y no tuvo acceso a un abogado.
Las autoridades saudíes le trasladaron posteriormente a la cárcel de Al Hair, en la capital, Riad, donde fue interrogado sobre sus publicaciones en redes sociales y opiniones políticas. El hombre estuvo cerca de un año sin representación legal y, cuando la obtuvo, tuvo permiso para hablar con su abogado sólo poco antes de las sesiones.
Los documentos revisados por la ONG revelan que el hombre fue sentenciado en línea con el artículo 30 de la Ley Antiterrorista por “describir al rey o al príncipe heredero de una forma que socava la religión o la justicia”, el artículo 34 por “apoyo a una ideología terrorista”, el artículo 43 por “comunicación con una entidad terrorista”; y el artículo 44 por publicar noticias falsas “con la intención de ejecutar un crimen terrorista”.
De esta forma, citan el contenido de dos cuentas en X que pertenecen a Al Ghamdi –que suman diez seguidores y tienen menos de mil mensajes en total, en su mayoría ‘retuits’ de mensajes de personas críticas con las autoridades de Arabia Saudí–.
El hermano del condenado, Said bin Naser al Ghamdi, es un conocido erudito islámico y crítico con el Gobierno que reside en el exilio en Reino Unido. Las autoridades saudíes han incrementado en los últimos años las acciones contra familiares de disidentes y opositores en el extranjero para intentar coaccionarlos a volver al país, según HRW.
Fuentes citadas por HRW han revelado que el condenado sufre problemas de salud mental y han denunciado que las autoridades se han negado a darle parte de la medicación que necesitan. En esta línea, han alertado de que su salud física y psicológica se ha deteriorado desde su arresto.
“Las autoridades saudíes están recurriendo ahora a las críticas ‘on line’ no sólo con juicios injustos, sino con la amenaza de la pena capital”, ha lamentado Shea, que ha indicado que “es difícil considerar significativas las promesas de la cúpula saudí sobre convertirse en una sociedad que respete más los derechos cuando un simple ‘tuit’ crítico puede derivar en una sentencia a muerte”.
Los tribunales saudíes han condenado durante el último año a varias personas por sus opiniones críticas en redes sociales, incluido un caso en agosto de 2022 el que la estudiante de doctorado Salma al Shehab vio incrementada de seis a 34 años su condena a cárcel por sus actividades en X.
La pena fue reducida a 27 años tras el proceso de apelación. Ese mismo mes, un tribunal saudí condenó a Nura bin Said al Qahtani a 45 años de cárcel por “usar Internet para dañar la fábrica social”.
Por otra parte, las autoridades ejecutaron el 12 de marzo de 2022 a 81 hombres condenados a muerte, en la mayor ejecución en masa en los últimos años. Activistas revelaron que 41 de los ajusticiados eran miembros de la minoría chií, que denuncia desde hace años discriminación sistemática por parte del Gobierno.
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