MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Una comisión de expertos formada por representantes del Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Justicia, Interior, Fiscalía, Abogacía, Judicatura y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) tomará decisiones para una mejor regulación de la figura del facilitador judicial, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
Según señalan las mismas fuentes, “la figura del facilitador judicial resulta clave para evitar la indefensión de las personas con dificultades de comprensión en procesos judiciales”.
Además, añaden que en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están comprometidos con asegurar el acceso a la justicia en términos de igualdad y no discriminación, como mandata el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por ello, según destacan, además de esta comisión de expertos, desde el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva pusieron en marcha en 2023 la primera formación oficial junto con la Universidad de Educación a Distancia (UNED) para esta figura del facilitador judicial, lo que les permitirá tener una propuesta formativa para la misma.
Asimismo, recuerdan que también han definido esta figura en el Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público, una definición que, según explican, “es clave para entender y aplicar mejor esta figura”.
Además, ponen de relieve que el Ministerio de Derechos Sociales financia programas a ONG para la atención de personas con discapacidad en centros penitenciarios.
Precisamente, Plena Inclusión ha pedido que se dote con los fondos necesarios la figura del facilitador judicial, tras la reciente condena de la ONU a España por vulnerar el igual acceso a la Justicia de una persona con discapacidad intelectual condenada a 25 años de cárcel.
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió este dictamen la semana pasada, a petición de Plena inclusión España, que lo denunció en nombre de una persona condenada en 2015 a 25 años y que continúa en prisión.
La denuncia se basaba en el caso de una persona con una discapacidad intelectual del 73%, previamente reconocida, a la que se juzgó por un delito cometido en 2013, sin que en ningún momento se le facilitaran los ajustes de procedimiento necesarios para garantizar su derecho de defensa y a un juicio justo.
Según indica Plena Inclusión, de acuerdo con los hechos contrastados, ni la policía al detenerle ni el juzgado al prestar declaración detectaron que el presunto acusado era una persona con discapacidad intelectual. Y cuando se acreditó ante el juzgado, tampoco se tomó ninguna medida ni se tuvo en cuenta de ninguna forma, a pesar de ser alertados de esta necesidad por la Federación Plena inclusión Castilla-La Mancha, entidad que presta apoyo a la persona durante el cumplimiento de su condena.
El Comité de la ONU, en su dictamen emitido la semana pasada, considera que “tanto los jueces como la fiscalía deberían haber actuado de oficio y con la debida diligencia en cuanto se percataron de la discapacidad del autor”. En este miso documento, Naciones Unidas recuerda al Estado español que “debe proporcionar a la persona con discapacidad una compensación por los daños provocados y por los gastos judiciales en que haya incurrido para presentar esta comunicación”.
Según señala Plena Inclusión, el Estado también tiene la obligación de ofrecerle un juicio con todas las garantías, asegurando que el acusado disponga de los ajustes procedimentales y apoyos necesarios conforme a la presente decisión y a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad” refrendada por España en 2007.
La coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, Inés de Araoz, considera “especialmente acertada” la recomendación de la ONU para demandar al Estado, en concreto, “legislación y políticas para eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad intelectual en el acceso a la justicia la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales, en igualdad de condiciones”.
La denuncia presentada por Plena inclusión España al Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2019 fue elaborada de forma conjunta con alumnado de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid de la cual fue tutora Patricia Cuenca.
Plena inclusión ha recordado que lleva “años defendiendo que se extienda y dote con los fondos necesarios a la figura del facilitador judicial”, que apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo durante un proceso judicial.
Según señaló el pasado mes de febrero la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en una entrevista con Europa Press, el facilitador judicial es una figura necesaria para personas con discapacidad intelectual, pero también, por ejemplo, para personas con sordoceguera o personas con problemas de salud mental.
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