Sostiene que era el jefe de los policías ahora investigados y que se reunió con él para entregarle documentación
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha pedido a la juez del ‘caso Caranjuez’, en el que se investiga una presunta red de policías y abogados que habría ofrecido servicios a excargos del Gobierno de Hugo Chávez a cambio de dinero e información de Podemos, que cite a declarar al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
En un escrito, emitido este mismo viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Alvarado ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid que llame a declarar a Pino, “bien de testigo, bien de investigado” en el marco de las pesquisas que sigue sobre la presunta trama de extorsión y/o estafa a ex altos cargos de Venezuela por parte de policías.
El equipo jurídico del exviceministro ha explicado que “Pino fue identificado por Alvarado como la persona de máximo rango con la que éste se reunió y a quien entregó cientos de documentos relativos a las actividades ilegales de las que Alvarado había tenido conocimiento que se habían llevado a cabo en Venezuela”.
Según han subrayado, “dichos documentos, sorprendentemente, acabaron en poder de la Fiscalía de Estados Unidos y fueron aportados por ésta en la causa de extradición que se siguió frente a Alvarado ante la Audiencia Nacional”.
Además, han recordado que Pino, en el momento en que empezaron a cometerse los hechos que ahora se investigan, era Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional “y, por tanto, máximo superior jerárquico de algunos de los investigados”.
LA DECLARACIÓN DE ALVARADO
El excargo venezolano ha presentado esta petición después de que el pasado 30 de septiembre compareciera como presunto perjudicado en sede judicial ante la juez Cristina Díaz Márquez.
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio indicaron a Europa Press que, en aquella ocasión, el exviceministro aseguró que había sido extorsionado por una presunta red policial e indicó, además, que Pino –que no figura como investigado en la causa– le pidió información relativa a Podemos en dos reuniones en la que estuvieron presentes otros agentes del Cuerpo.
En concreto, Alvarado aseguró que llegó a mantener dos encuentros con Pino de al menos cuatro horas cada uno, en las que el mando policial le dijo: “¿Qué tienes de Podemos”.
El venezolano situó a Pino fuera de la presunta red ahora investigada, pero subrayó que parte de la documentación que facilitó al exDAO en aquellas reuniones la vio luego reflejada en la querella que, según dijo, presentó el despacho Ilocad en nombre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ante la Audiencia Nacional. Dicha querella se interpuso contra el propio Alvarado Ochoa y otra veintena de personas y aún se investiga en el Juzgado Central de Instrucción Número 3.
PIDE CITAR A VARIOS POLICÍAS Y A UNA FISCAL DE EEUU
En el marco de su escrito, Alvarado también ha pedido a la juez que cite a declarar, “bien de testigos, bien de investigados”, a los dos inspectores de la Policía que firman el informe de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEF) de 31 de enero de 2019 que ha aportado ahora a la causa.
El exviceministro ha defendido que en dicho documento “se comenten una serie de errores o falsedades tan graves y perjudiciales” que “bien pudieran estimarse como una continuación de los actos delictivos” de los que dice ha sido perjudicado. Entre otras cuestiones, el excargo venezolano ha incidido en que el mencionado informe contiene información “falsa” sobre su nacionalidad española.
Asimismo, Alvarado ha pedido que se libre una comisión rogatoria a Estados Unidos para que se llame a declarar como testigo o como investigada a la fiscal Sarah Edwards. El exviceministro ha asegurado que uno de los investigados en la causa de Plaza Castilla se refirió a ella como “la persona de su equipo en Estados Unidos”.
EL CASO CARANJUEZ
En los informes policiales que constan en la investigación, y a los que tuvo acceso esta agencia, se dice que los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban presuntamente relacionados con actividades de blanqueo “con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales –Sepblac– o la propia Policía Nacional”, para “solucionar los problemas” que tendrían por estar investigados.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas “influencias”, los miembros de la red también estaban “interesados” en que se les proporcionase “información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones”, según un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción redactado en 2020.
Dicho informe, además, sostienen que la red que se investiga ahora en los Juzgados de Plaza de Castilla está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar; y habría recibido “millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas”. La mayoría compareció ante la juez el pasado 6 de octubre.
Los agentes sostienen que las vías de recepción de fondos por parte de los investigados “han sido variadas”: desde contratos y facturas ficticias, entregas en efectivo y utilización de medios de pago electrónicos anónimos. “Han tenido en común que estas han sido facilitadas por la organización criminal y han servido para la transferencia de fondos a España que tenían su origen en actividades de carácter ilícito”, señalaron.
Hasta ahora, en la causa figuran tres presuntos perjudicados: Alvarado, un asesor financiero llamado Dimas Antúnez y un exmiembro del servicio de Inteligencia de venezolano de nombre Carlos Aguilera.
En el marco de la investigación, la juez acordó también la imputación de una treintena de empresas en calidad de personas jurídicas. En este caso aún no ha establecido cuándo se llevarán a cabo los interrogatorios a los representantes legales de las compañías investigadas.
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