Asegura que los acusados llegaron a pedirle 1,4 millones de euros por protegerle
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha asegurado este viernes ante el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid que fue extorsionado por una presunta red policial y ha indicado, además, que el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino –que no figura como investigado en la causa– le pidió información relativa a Podemos en dos reuniones en la que estuvieron presentes otros agentes del Cuerpo.
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han asegurado a Europa Press que Alvarado Ochoa ha ratificado la declaración que prestó en sede policial en diciembre de 2020 y ha aportado nuevos detalles ante la juez Cristina Díaz Márquez, que este jueves le ha citado en calidad de perjudicado en el marco de la investigación que sigue sobre la presunta trama de extorsión a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela por parte de policías nacionales y municipales.
En los informes policiales que constan en la investigación, y a los que tuvo acceso esta agencia, se dice que los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban presuntamente relacionados con actividades de blanqueo “con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales –Sepblac– o la propia Policía Nacional”, para “solucionar los problemas” que tendrían por estar investigados.
Según las fuentes consultadas, Alvarado Ochoa ha ratificado que, en 2015, conoció a un abogado estadounidense –investigado en esta causa– a través de otro excargo del Gobierno de Venezuela. Según ha precisado, dicho letrado le ofreció “protección” en Estados Unidos, pero él denegó dicho ofrecimiento y se vino a España.
El exviceministro ha indicado a la juez que una vez en suelo español el mismo abogado le dijo que tenía un “equipo” en el país que se dedicaba a manejar problemas que pudiera tener y que le ayudaría con cualquier incoveniente legal que pudiera surgir, incluido avisarle de eventuales alertas emitidas por la Interpol.
LA QUERELLA DE PDVSA
Según las fuentes consultadas, Alvarado Ochoa ha relatado en sede judicial que optó por colaborar con las autoridades españolas y que, para ello, solicitó a otro de los abogados investigados que contactase con la Policía.
El excargo venezolano ha explicado que a raíz de esto consiguió sentarse con el exDAO Eugenio Pino. De acuerdo con las fuentes jurídicas presentes en la declaración, ha asegurado que mantuvo dos encuentros con él de al menos cuatro horas cada una, en las que el mando policial le dijo: “¿Qué tienes de Podemos”.
Según las mismas fuentes, el exviceministro venezolano ha situado a Pino fuera de la presunta red que supuestamente le extorsionó, pero ha asegurado que parte de la documentación que facilitó al exDAO en aquellas reuniones la vio luego reflejada en la querella que presentó el despacho Ilocad en nombre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ante la Audiencia Nacional. Dicha querella se interpuso contra el propio Alvarado Ochoa y otra veintena de personas y aún se investiga en el Juzgado Central de Instrucción Número 3.
Las fuentes presentes en la declaración han indicado, además, que el excargo del Gobierno de Hugo Chávez ha relatado que tras dichos encuentros con Pino llegó a mantener otras reuniones en las que el exDAO no participó. Según ha dicho, fue entonces cuando le ofrecieron servicios de “protección” a cambio de dinero.
Según las fuentes presentes en la declaración, el exviceministro ha dicho a la juez que la presunta red policial le pidió hasta 1,4 millones de euros para evitar, entre otras cosas, que tuviera problemas con la Justicia española. Ha insistido en que los ahora investigados le amenazaron y le extorsionaron. Y ha subrayado que no tuvo problemas con los tribunales españoles hasta después de que le contactaran dichos agentes.
Las mismas fuentes han indicado que el excargo venezolano ha ratificado lo que ya dijo en sede policial, que, al sentirse extorsionado, abonó 40.000 euros a uno de los policías implicados y dijo que no quería sus servicios.
Según indica la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en uno de sus informes recogidos por Europa Press, la red que se investiga ahora en los Juzgados de Plaza de Castilla está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar; y habría recibido “millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas”.
Según consta, las vías de recepción de fondos por parte de los investigados “han sido variadas”: desde contratos y facturas ficticias, entregas en efectivo y utilización de medios de pago electrónicos anónimos. “Han tenido en común que estas han sido facilitadas por la organización criminal y han servido para la transferencia de fondos a España que tenían su origen en actividades de carácter ilícito”, señalaron los agentes.
PODEMOS EJERCERÁ LA ACUSACIÓN POPULAR
Este viernes, la juez ha escuchado a defensas, acusaciones y presuntos perjudicados desde las 11.30 horas y hasta las 15 horas. Aunque estaba previsto que tomara declaración a tres presuntos perjudicados, finalmente solo ha podido interrogar a dos presuntos perjudicados -a Alvarado Ochoa y al asesor financiero Dimas Antúnez–. Carlos Aguilera, exmiembro del servicio de Inteligencia de venezolano, no ha podido comparecer por motivos médicos.
Según las fuentes consultadas por esta agencia, la magistrada ha acordado a último minuto aceptar la personación de Podemos como acusación popular bajo fianza de 6.000 euros. Así, el equipo jurídico de la formación ‘morada’ ha logrado estar presente en las declaraciones y formar parte del procedimiento tras recurrir la decisión inicial de la juez de denegarles la acusación.
Ahora, la magistrada tiene pendiente tomar declaración a las 13 personas que figuran como imputadas por ser presuntos miembros de la red policial que se investiga por supuestos delitos de estafa y/o extorsión. Todos tendrán que declarar el 6 de octubre. Las 30 empresas que constan como investigadas aún no tienen fecha fijada.
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