MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Un estudio elaborado por la consultora PwC y presentado este martes en Madrid asegura que las viviendas turísticas de la ciudad de Barcelona, que el Ayuntamiento gobernado por Jaume Collboni, pretende eliminar en 2028, contribuyen con 1.900 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) y generan 40.000 empleos entre directos e indirectos.
“Su prohibición podría conllevar la pérdida de una parte de la actividad económica generada en sectores como el comercio, la restauración, el ocio y la cultura, y un debilitamiento de la competitividad de la ciudad afectando a su posicionamiento internacional, sin resolver los problemas de fondo del acceso a la vivienda”, afirmó el departamento de Strategy& Economics de PwC, que advirtió de que la eliminación de los pisos turísticos reduciría la disponibilidad de plazas de alojamiento en Barcelona, no pudiendo ofrecer la ciudad suficientes plazas durante la celebración de reuniones profesionales, ferias y congresos como el Mobile World Congress (MWC), así como grandes eventos deportivos y culturales.
El informe de PwC, además, desvincula los pisos turísticos de la subida de los precios del alquiler en la ciudad. El estudio pone de relieve que los distritos donde se ha encarecido más la vivienda en el periodo 2014-2023, como el Eixample o Sant Martí, es donde el número de pisos turísticos ha sido estable o ha disminuido. La consultora destaca que el principal motivo del aumento de precios de la vivienda en la ciudad se debe a que la demanda es superior a la oferta.
“Cualquier decisión, para ser eficiente, debe fomentarse en datos y no en percepciones, y el informe de PwC aporta información relevante sobre la contribución de las viviendas de uso turístico de Barcelona y sobre el error que supone plantear su prohibición”, manifestó el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara.
EL NÚMERO DE LICENCIAS ESTABLES
Desde Apartur recordaron este martes que desde hace más de diez años las viviendas de uso turístico de Barcelona están limitadas y sujetas a un número de licencia, y su número se ha mantenido estable -alrededor de 10.000, lo que representa solo el 1% del parque residencial total de la ciudad-.
Además, gracias a la regulación y control del sector, en la última década los pisos turísticos legales han conformado una oferta de alojamiento de calidad, y también han fomentado iniciativas en favor de su integración en los barrios y vecindarios. Por ejemplo, Apartur fue uno de los principales impulsores en 2019 del Servicio Municipal de Convivencia y Turismo de Barcelona, que ofrece asesoramiento y mediación entre los vecinos y los propietarios o gestores de las viviendas de uso turístico legales.
También colaboró en el impulso del proyecto ‘WeRespect’ puesto en marcha hace 5 años, que cuenta con un programa para la instalación de detectores de ruido en los pisos turísticos, y con un teléfono para atender llamadas de los ciudadanos. Asimismo, el sector invierte continuamente tanto para dar cumplimiento a exigencias normativas, como para dar el mejor servicio a los usuarios, desde medidas de seguridad a sostenibilidad, eficiencia energética y tecnología.
AVANCES EN PELIGRO
En el acto de presentación de ‘La regulación de los pisos turísticos en Barcelona, un modelo pionero y de éxito en riesgo’, varios expertos alertaron de que estos avances están ahora en peligro por la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar todas las licencias de viviendas turísticas en la ciudad a finales de 2028.
“La prohibición es una medida tremendamente drástica”, lamentó el abogado especialista en Derecho Urbanístico en el despacho Garrigues Pablo Molina, quien indicó que la decisión de eliminar es empobrecedora y no conlleva ningún resultado positivo. “Es una renuncia de la administración pública a gestionar el sector de los pisos turísticos y aprovechar su contribución económica y fiscal en favor de los ciudadanos que, además, hará resurgir de nuevo la oferta ilegal”, aseguró.
En este sentido, Molina expuso que la gestión del sector permite garantizar un orden, un control y una calidad a los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad y a las arcas públicas con impuestos que se pueden destinar a fines de interés general, como políticas de vivienda. “Sin embargo, la prohibición supone dar un paso atrás, al establecer un modelo empobrecedor desde todas las perspectivas y que no garantiza que esas viviendas vayan a pasar al mercado residencial”, manifestó.
De la misma opinión es el presidente y CEO de España y Portugal de Colliers, Mikel Echavarren, quien señaló que oferta de vivienda turística legal “es tan legítima como la de otros negocios que también se desarrollan en pisos”, y que ocupan muchos más inmuebles que los de uso turístico. “La solución al problema de la vivienda pasa por medidas en positivo con las que incrementar la oferta como rehabilitar edificios de oficinas obsoletos y convertirlos en vivienda, o flexibilizar y dar seguridad jurídica al mercado de la vivienda”, puntualizó.
Por su parte, el director general de inAtlas y experto en economía urbana, Luis Falcón, subrayó que “hay que elevar el debate” y pidió “sacar las viviendas de uso turístico del centro del grandísimo reto de la vivienda”. “Hay que ponerlas en valor como actor imprescindible para la competitividad de la ciudad. La presencia de esta oferta adapta a Barcelona a los nuevos tiempos”, manfiestó Falcón, quien consideró que su buena planificación y gestión “ha dotado a la ciudad de herramientas poderosas para un desarrollo equilibrado con el medio y la sociedad”.
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