MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y UGT FICA consideran que el plan del Gobierno para incentivar que las pymes puedan probar la jornada laboral de cuatro días semanales, que contempla ayudas de hasta 150.000 euros por empresa, es “positivo”.
En declaraciones a Servimedia, el secretario de Política Industrial de UGT FICA, Juan Antonio Vázquez, señaló que “todavía falta conocer la letra pequeña del proyecto”, pero “nos parece bien, en principio”.
No obstante, avisó de que “no sirve cualquier iniciativa” y afeó al Gobierno que este proyecto piloto no se haya dialogado primero con los sindicatos y la patronal.
“En principio, cualquier ayuda en este sentido nos parece bien, pero queremos participar, para que se tenga en cuenta la realidad de empresas y trabajadores”, añadió Vázquez.
En este punto, destacó que avanzar en la reorganización del tiempo de trabajo “tiene todo el sentido”, ya que los procesos productivos han cambiado en las últimas décadas y años.
Por su parte, el secretario general de Cepyme, Luis Aribayos, aseguró, en una entrevista con Radio Intereconomía recogida por Servimedia, que es positivo que en el proyecto se tenga en cuenta la variable de la productividad que, según avisó, es una cuestión que España todavía tiene “negativa”.
“No se puede generalizar pero habrá sectores de la economía que por su actividad y cultura esto pueda tener sentido. Y, si la productividad de la economía es superior, pues son medidas a tener en cuenta”, abundó Aribayos.
PROYECTO
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicará esta semana la orden ministerial para lanzar un proyecto piloto para que pymes industriales prueben la semana laboral de cuatro días, con ayudas de hasta 150.000 euros.
El objetivo es ayudar a financiar procesos reorganizativos que lleven a la reducción, al menos, de un 10% de la jornada laboral semanal, según informaron fuentes del departamento dirigido por Reyes Maroto.
Afectará a un porcentaje determinado de trabajadores, en función del número total que tenga la empresa o centro de trabajo. Además, el proyecto durará al menos dos años y se financiará con diez millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
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