El nuevo modelo de carrera profesional estará estructurado en cuatro tramos
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos UGT y CCOO han dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Función Pública tras la reunión de la Mesa General de la Administración General del Estado (AGE) celebrada este miércoles, mientras que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su rechazo al texto.
“Desde CCOO valoramos positivamente el texto de la Ley y seguiremos trabajando en el trámite parlamentario para mejorarla”, han manifestado fuentes del sindicato a Europa Press tras la firma del texto.
De su lado, el sindicato UGT ha destacado que en la negociación se ha logrado mejorar el anteproyecto inicial hasta convertirlo en “la Ley de Función Pública que la AGE y sus empleados necesitan”, con un enfoque “más social, transparente y participativo”, que pone en valor el papel “clave” que tienen las personas en la prestación profesionalizada de los servicios públicos de calidad.
UGT Servicios Públicos ha señalado que el actual texto recoge las mejoras necesarias y cumple las expectativas que tanto los empleados públicos como la ciudadanía tenían depositadas en la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.
De acuerdo con lo previsto por el Estatuto Básico del Empleado Público, UGT ha destacado que se establece un modelo de evaluación del desempeño basado en la “transparencia” de los objetivos individuales y colectivos y de los procedimientos, con participación de la parte social en todas sus fases.
“La ley supone una apuesta en pro de la dinamización de la carrera profesional. Se establece una carrera horizontal en la progresión de un itinerario de tramos, que permite favorecer las expectativas de trayectoria profesional sin cambio de trabajo”, ha resaltado.
NUEVO MODELO DE CARRERA PROFESIONAL
En concreto, ha señalado que el nuevo modelo de carrera profesional estará estructurado en cuatro tramos, siendo el primero de una duración de cinco años y de seis los restantes.
El sindicato ha valorado que se agilicen los plazos en el desarrollo y ejecución de las convocatorias, estableciendo que éstas se publiquen en el mismo año natural que la oferta de empleo público o que finalicen los procesos selectivos con un límite máximo de dos años a computar desde la fecha de publicación de la convocatoria.
NIVELES MÍNIMOS DE COMPLEMENTO DE DESTINO
Asimismo, ha resaltado que la norma “armoniza y racionaliza” el sistema complementario de retribuciones, dado que la ley establecerá unos niveles mínimos de complemento de destino, de tal manera que fija los tramos de niveles correspondientes a los diferentes grupos y subgrupos del personal funcionario.
“Este objetivo de armonización presidirá el proceso de racionalización de las diferentes cuantías del complemento específico. Se persigue, por tanto, disminuir la desigualdad dentro de la propia Administración General del Estado y lograr una mayor simplicidad y transparencia”, ha indicado UGT.
Por último, ha valorado que la igualdad entre mujeres y hombres seguirá siendo un elemento “central” en las políticas de personal en la Administración del Estado, conteniendo la nueva ley un refuerzo de medidas que garantizan la no discriminación entre mujeres y hombres y el fomento de la perspectiva de género con carácter transversal.
RECHAZO DE CSIF: “FAVORECE EL ENCHUFISMO DEL PERSONAL DIRECTIVO”
Sin embargo, para CSIF el anteproyecto de Ley de Función Pública que ha elaborado el Gobierno no garantiza la evaluación del desempeño, la carrera profesional, la jornada laboral de 35 horas, ni el teletrabajo, entre otras cuestiones.
El sindicato ha denunciado que el texto llega con 15 años de retraso y carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y “favorece el enchufismo” del personal directivo, según traslada a través de un comunicado.
En opinión de CSIF, el texto carece de previsión presupuestaria para ámbitos fundamentales como la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño. En el caso de la evaluación, el sindicato ha señalado que, además, no se fija el plazo para que los diferentes ministerios y organismos planifiquen esta herramienta y por tanto quedará en papel mojado.
Además, el sindicato ha denunciado que se incorpora nuevas limitaciones a la movilidad –hasta cuatro años de ejercicio para cambiar de puesto– y no generaliza el desarrollo del grupo profesional B para el personal de la Administración General del Estado, limitando esta posibilidad solo a algunos cuerpos y escalas.
Se critica también que la regulación del personal directivo se sigue estableciendo por libre designación. “CSIF reclama que sea fruto de la carrera profesional para evitar la politización de las administraciones y el enchufismo”, ha insistido.
Además, el sindicato ha denunciado que el texto no recoge el derecho a la jubilación parcial anticipada o los incentivos económicos a la prolongación voluntaria de la vida laboral.
También ha indicado que no se actualizan las dietas ni se eliminan las diferencias por grupos, no hay compromiso para avanzar en la reducción de la brecha salarial de género, no se recogen las aportaciones a los planes de pensiones y no se recupera la estructura salarial previa a la eliminación de la paga extra de Navidad en 2012.
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